Decisión combinada

LA EXCARCELACIÓN de cinco de los condenados por el caso Marey, entre ellos el ex ministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de la Seguridad del Estado Rafael Vera, es fruto de una decisión combinada del Gobierno y el Tribunal Constitucional. Con la medida adoptada por ambas instituciones, los resortes del Estado de derecho han vuelto a funcionar adecuadamente, aunque no sea al gusto de todos. Por lo que se refiere a las resoluciones tomadas ayer por las dos salas del Constitucional, la única novedad apreciable es que se han producido por unanimidad; las decisiones de hace un mes, que denegaron la suspensión de las condenas a los ahora excarcelados, contaron con los votos discrepantes de dos magistrados, favorables a la libertad de todos los condenados mientras se resuelven los recursos de amparo. En las resoluciones del 26 de noviembre, la mayoría del Constitucional se apoyó, entre otros datos, en "la duración de las penas impuestas" por el Tribunal Supremo para denegar la suspensión de las condenas solicitada, en aras del interés general. En las resoluciones de ayer, el Tribunal ha considerado que "la reducción sobrevenida" de las penas de cárcel permite suspenderlas sin afectar ya al interés general.La concesión del indulto y la aplicación de la jurisprudencia constitucional han permitido las excarcelaciones. De ahí que el alto tribunal no haya suspendido las penas de inhabilitación para cargo público, ya que dicha parte de las condenas no resultó afectada por el indulto gubernamental. Frente a quienes discrepen de esta solución, es bueno que las instituciones funcionen de forma combinada, cada una en su ámbito de decisión.