El juez investiga al concejal de Sant Martí por cohecho y coacciones

El titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona, Adolfo Fernández Oubiña, ha admitido a trámite una querella contra el concejal socialista del distrito de Sant Martí, Francesc Narváez, por los presuntos delitos de cohecho y coacciones supuestamente cometidos al exigir un millón de pesetas a cambio de la licencia para abrir un local. La querella fue presentada por el responsable del café-teatro Macumba, Alejandro Rullán López, a quien representa legalmente Máximo Godó, un abogado militante del PP. Narváez negó ayer las acusaciones y aseguró que emprenderá acciones legales contra el autor de las acusaciones. El juez ha citado a declarar a un testigo para el 4 de enero. El denunciante afirma que el 4 de junio de 1997, Rullán presentó en el Ayuntamiento de Barcelona la documentación para abrir un café-teatro en el distrito de Sant Martí. Días después, el Ayuntamiento requirió más información y en el mes de agosto paralizó las obras "por motivos que no se explicaron". Los querellantes aseguran que el inspector municipal advirtió al propietario que "el concejal no pensaba otorgar la licencia necesaria". A los pocos días, una persona que se identificó como diputado en el Parlament le indicó al empresario que "con un millón y medio de pesetas se solucionaría el problema". En abril de 1998, el empresario recibió una llamada de un individuo que aseguraba ser tío del concejal Narváez y le exigió un millón para el edil y 150.000 pesetas para él. Los querellantes afirman que este interlocutor les advirtió que "para poder abrir el local era necesario pagar, y que si lo hacía así, hasta el propio concejal acudiría a la fiesta de inauguración".