La herencia de Edimburgo

España pugna hoy por salvar la herencia de Edimburgo. En esa cumbre europea celebrada en 1992, los entonces Doce aprobaron el paquete Delors II de perspectivas financieras para el periodo 1993-1999. Éste incluyó dos medidas trascendentales para la solidaridad intracomunitaria: la duplicación de los fondos estructurales y la dotación de un Fondo de Cohesión de nuevo cuño. Resultado: al final de 1999 España habrá recibido unas transferencias de Bruselas superiores a seis billones de pesetas, acercándose a un billón anual. La duplicación de la política estructural -o de solidaridad regional y social- ha reorientado el presupuesto común en sentido progresivo: hacia el objetivo del reequilibrio de las rentas, en detrimento de las subvenciones agrícolas, más bien regresivas. El peso agrícola en el presupuesto disminuyó al 46,8% (era del 73% en 1979) y el de la política estructural subió hasta el 39% (era sólo del 10,6% en 1979). Nacía una Europa mucho más solidaria. Dentro de ese paquete, el presidente Felipe González logró en un duro pulso con el canciller alemán, Helmut Kohl, la dotación del Fondo de Cohesión para los países con una renta inferior al 90% de la media comunitaria, para financiar sus infraestructuras de transporte y medio ambiente. Objetivo: compensar los mayores esfuerzos que para los países pobres suponían la apertura de fronteras del mercado interior y el rigor presupuestario del euro, es decir, facilitar la convergencia real y no sólo nominal. Resultado entre 1993 y 1999: una transferencia para España de 1,33 billones de pesetas, cerca de 200.000 millones de pesetas anuales.Gracias a su esfuerzo y a esas ayudas, España ha pasado de una renta per cápita del 70% de la renta media comunitaria cuando su adhesión en 1986 a otra del 78% en 1997. Un buen trecho recorrido en su designio de equipararse con la Europa próspera, pero aún falta mucho más.