El PSOE apuesta por redistribuir las ayudas para evitar la despoblación rural

Los grupos parlamentarios van a estudiar en la Cámara autonómica una de las principales reivindicaciones de organizaciones agrarias y sindicatos: la redistribución de las ayudas que recibe el campo andaluz de la Unión Europea. El Grupo Socialista propuso ayer a la Mesa del Parlamento la creación de un grupo de trabajo sobre la modulación de estos fondos. José Caballos, portavoz parlamentario del PSOE, defendió la necesidad de esta medida para "asentar la población rural en su territorio".

El sector agrario acapara cada año casi la mitad de los presupuestos europeos. Pero la enorme inyección económica que supone esta asignación de recursos no está sujeta a ningún criterio de redistribución de renta: los grandes propietarios son los principales beneficiarios. Según datos esgrimidos recurrentemente por algunas organizaciones agrarias, el 20% de las explotaciones absorbe el 80% de estos fondos. "Queremos que se distribuyan con un criterio social e inteligente", aseguró Juan Torres, responsable del PSOE en asuntos agrarios. La iniciativa parlamentaria del Grupo Socialista da forma al compromiso contraído por todos los partidos políticos la pasada semana, en respuesta a una propuesta de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA): estudiar en la Cámara andaluza como redistribuir los fondos comunitarios. El planteamiento de las organizaciones agrarias andaluza -exceptuando a Asaja-, es marcar un tope máximo de ayuda económica por explotación. Los recursos sobrantes constituirían una bolsa de ahorro que se asignaría a pequeñas fincas y cultivos con un alto valor ecológico. "En su discurso de investidura, el presidente Chaves ya habló de la modulación de ayudas con criterios sociales", recordó Caballos. Esta medida abarcaría al conjunto de fondos comunitarios recibidos en cada explotación, pero el portavoz parlamentario socialista destacó que la reactivación de esta reivindicación estaba muy relacionada con la reciente reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del aceite de oliva. "Fue una mala negociación que no consiguió ninguno de los objetivos del sector", aseguró Caballos. Decisión europea El dirigente socialista responsabilizó a la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, de la "nefasta" situación en la que ha quedado el olivar andaluz. "O modificamos el reparto de las ayudas, lo dirigimos a las pequeñas explotaciones y ayudamos menos a los que puedan subsistir por sus medios, o asistiremos a una reconversión salvaje del medio rural andaluz", concluyó Caballos. Torres no quiso "anticipar el resultado" de la labor que va a desarrollar este grupo de trabajo hasta el verano. En todo caso, ni la Junta de Andalucía, ni tan siquiera el Gobierno central tiene potestad para modificar la asignación de ayudas. "Ningún país puede cambiar el mecanismo normativo del reglamento de la OCM", aclaró el responsable socialista en asuntos agrarios. La modulación de ayudas será por tanto una decisión que debe debatirse en el seno de la Unión Europea. El Grupo Socialista sí adelantó que su intención es instar al Gobierno central a que defienda la distribución de ayudas con criterios sociales en foros comunitarios. Torres volvió a tomar el ejemplo de la reforma de la OCM del aceite de oliva: "Con el reglamento aprobado, la mayoría de los agricultores de las zonas serranas están en trance de desaparecer". La nueva OCM asignó a España una cuota máxima de 760.000 toneladas de aceite de oliva con derecho a 169.000 millones de pesetas de ayuda. Los dirigentes socialistas creen que la producción de los próximos años superará en un 40% esta cantidad, lo que disminuirá, por las penalizaciones, la ayuda efectivamente recibida por cada agricultor.