18.000 análisis para un asesinato

El modelo que baraja implantar el Gobierno es el más restrictivo y el que pretende respetar más las garantías fundamentales de las personas. Según la diputada María Bernarda Barrios, el Reino Unido ha elegido un sistema en el que, "sin autorización de la persona, se deben tomar muestras de toda la población, aunque no tenga relación con el delito", lo que puede suponer un ataque al derecho a la intimidad, además de un alto coste.

Otro segundo sistema es el adoptado por Alemania, Portugal e Italia. Autoriza la práctica de la prueba del ADN cuando exista "una determinada vinculación entre el delito y la persona", aunque en muchos casos se trate sólo de denunciados, sospechosos, procesados o condenados que tienen pendiente un recurso.

Un caso espectacular se produjo en Clopenburg (Alemania), el asesinato de una niña de 11 años, Christina Nytsch, violada y estrangulada el 16 de marzo, llevó a la policía a convocar a los 18.000 hombres de la región con edades comprendidas entre 15 y 30 años para hacerse análisis de ADN. La operación costó 270 millones de pesetas.

"Si bien las muestras se guardan con autorización judicial, nada dicen las leyes sobre la destrucción de las mismas. Nosotros consideramos que se debería tener en cuenta la prescripción del delito o de la pena, o la cancelación de los antecedentes penales de los individuos", dice Barrios. Holanda regula con este sistema, aunque "sólo en relación con delitos sexuales y graves que conlleven una pena privativa de libertad de más de ocho años".

El PP quiere introducir en España un tercer sistema: para delitos sexuales y contra la vida o la integridad de las personas y en el supuesto de que el individuo al que se someta a la prueba de ADN "esté estrechamente vinculado" al caso.