Dinero de las cementeras fue para Conde y Romaní, según la policía

El inspector jefe de la policía judicial con carnet profesional número 13.627 declaró ayer, durante la mañana y parte de la tarde, que los fondos obtenidos en la presunta estafa llamada Operación Cementeras fueron a parar bajo control de Mario Conde y Arturo Romaní. Otros cinco testigos también prestaron declaración respecto a diversas operaciones. La estrella fue el inspector 13.627.

De pelo gris y estatura más bien baja, el inspector que siguió el rastro del dinero generado en la Operación Cementeras, respondió primero a las preguntas del fiscal Javier Sánchez Junco. Según narró, de los casi 1.500 millones obtenidos en la presunta estafa por las sociedades instrumentales Data Transmision Systems y Gay Cordon se había podido establecer el destino final de importantes cantidades.El 26 de julio de 1990 y el 1 de marzo de 1991, se emitieron cheques por un total de 170 millones (40 millones, 60 millones y 70 millones respectivamente). Según los datos recogidos en Banesto, contrastados, según dijo, con declaraciones testificales en la fase de instrucción, se había podido establecer que los citados importes fueron a financiar la finca Los Carrizos de Castilblanco, que Conde posee en Sevilla. Dichos fondos, recordó el inspector, fueron recibidos por los directores regionales de Banesto en Sevilla para ser entregados al administrador de la finca, Gonzalo del Río.

El inspector añadió que otra partida de cheques expedidos el 26 de junio de 1990, el 31 de octubre de 1990 y el 17 de enero de 1991 (150 millones, 175 millones y 205 millones para llegar a un total de 530 millones) se utilizaron para la compra de la finca Hacienda los Melonares, vendida por sociedades de la familia Quesada. Una parte de esa finca permitió a Conde ampliar su propiedad original de Los Carrizos y la otra fue para Romaní.

Otra partida de cheques, los expedidos el 5 de octubre de 1992 (150 millones de pesetas de Data Transmision Systems y 84 millones de Gay Cordon, por un total de 234 millones) fueron abonados en la cuenta 2432.172 de Inversiones Rondonopolis, relacionada con Arturo Romaní; 64 millones fueron ingresados en la cuenta 2434.172 de Longanor, sociedad vinculada a Romaní y 10 millones resultaron abonados en la cuenta 2433.172 a nombre de Romaní y su esposa.

Durante la narración, algo tediosa, al letrado José Rofes, defensor de Romaní, se le vio dar una cabezada aún cuando los hechos afectaban a su cliente.

El inspector siguió: 35,5 millones, 13,5 millones, 35 millones, 455 millones, 40 millones. Ratificó su informe: los beneficiarios de la mayor parte de los fondos han sido, dijo, Conde y Romaní o sociedades ligadas.

Juan Sánchez-Calero, letrado de Conde, hizo ver que los datos del informe procedían de Banesto. El inspector: "Se puede pedir el libro diario de operaciones del banco. Si ustedes no lo han hecho, será por alguna razón..."