Asociaciones de juristas internacionales critican con dureza los fundamentos jurídicos del fallo de Londres

Prominentes juristas internacionales y magistrados criticaron ayer con dureza los fundamentos jurídicos de la sentencia del Tribunal Superior de Londres. Nicolas Bovay, portavoz oficial de la Comisión Internacional de Juristas (ICJ), que reune 42 eminentes abogados de todo el mundo, aseguró que el fallo alienta la impunidad. "Consideramos que la sentencia es una bofetada para el derecho internacional".La Asociación Americana de Juristas, con delegaciones en 20 países y más de 500 miembros, aseguró ayer que Pinochet no disfruta de inmunidad alguna según las leyes internacionales y confía que la Cámara de los Lores anule la sentencia del Tribunal Superior de Londres. "Confiamos en que esta inesperada decisión de un tribunal británico sea anulada en la apelación". "La inmunidad para jefes de Estado existe, pero está ligada a la jurisdicción del Estado, pero no es personal. Desde los juicios de Nuremberg y Tokio, incluso antes de ellos, jefes de Estado han sido juzgados por crímenes cometidos durante su mandato", según Alejandro Teitelbaum.

Estas dos asociaciones consideran que en la creación del Tribunal Penal Internacional, en julio, el Reino Unido aceptó la tesis contraria: los jefes de Estado no tienen inmunidad en los crímenes contra la humanidad.

La Asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (Medel) manifestó ayer su apoyo a Baltasar Garzón. La Medel protesta conta la decisión "incomprensible" de la justicia británica. Según los magistrados, "la responsabilidad oficial o la autoridad de facto de una persona no tiende a exonerarla de su responsabilidad penal sino tendería más bien a agravarla". En la misma línea se manifestó ayer en su página editorial el diario estadounidense The New York Times. La justicia británica "cometió un error" al invalidar la orden de arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet. "Es repugnante considerar la tortura, el asesinato y la desaparición forzada como funciones públicas", afirmó el periódico haciendo referencia a la sentencia. "Pero el verdadero problema de esta decisión", agrega el dirario, "es que el derecho internacional, sobre el que se basa la solicitud de extradición española, no parece haber sido considerado por la Corte".