Encuesta vetada por Instituciones Penitenciarias

La génesis de este cuestionario es un libro que editó el decanato de los juzgados de Madrid cuando su responsable era la juez Manuela Carmena, hoy vocal del Consejo del Poder Judicial. El libro, Manual Práctico para la Defensa de las Personas Presas, fue requerido entonces por unos 3.000 internos. El decanato lo remitió a todos gratis y, posteriormente, el cuestionario.La encuesta se topó en su inicio con obstáculos. El 17 de febrero de 1997, Instituciones Penitenciarias ordenó sus intervención en todas las prisiones. Su contenido, rezaba la orden, "podía afectar a la seguridad y buen nombre de la institución". La respuesta de los jueces fue fulminante: "Ninguna de las preguntas afectan a la seguridad de los establecimientos; tampoco a su fama ni prestigio", sentenció la Audiencia de Madrid. "Pretender ocultar la encuesta al amparo del buen nombre de la institución", subrayó el juez de vigilancia José Luis Castro, "no es más que fomentar el oscurantismo que continuamente se atribuye al sistema penitenciario". Antes incluso del unívoco pronunciamiento judicial, decenas de presos burlaron la orden e hicieron llegar sus respuestas a la Universidad Pontificia. La encuesta será presentada oficialmente esta semana.