Camps vigilará el desviacionismo político del profesorado

El Partido Popular no ha cesado de colocar cuñas al pacto lingüístico durante todo el proceso de negociación destinado a concluir con un conflicto que se prolonga desde hace casi 20 años. Ayer, mientras el consejero de Educación hacía gestos ostensibles de que seguía con la negociación su grupo parlamentario avalaba una propuesta para que la Consejería, a través de su servicio de inspección, vigile si los profesores de secundaria vulneran "la legislación en materia de enseñanza de la lengua y cultura valencianas". La proposición no de ley, presentada por el diputado del Grupo Mixto Rafael Ferraro, un tránsfuga de Unión Valenciana ahora en el partido Iniciativa de Progreso, estaba justificada porque hay profesorado que utiliza apuntes para enseñar que el valenciano es una variante dialectal del catalán y utiliza términos como los de País Valenciano. La iniciativa -que insta "al Consell para que con la mayor urgencia tome las disposiciones pertinentes en materia de inspección escolar, tendentes a verificar si por algunos profesores de bachillerato se está vulnerando deliberadamente la legislación en materia de enseñanza de la lengua y cultura valencianas"- provocó duras críticas de toda la oposición que calificó la medida de "encargo policial", "censura previa" y atentado a la libertad de cátedra. Los socios de gobierno populares y regionalistas pusieron sus votos para aprobar la moción de Ferraro. El diputado del PP Fernando Giner anunció el apoyo de su grupo a la propuesta por tratarse de "un mecanismo absolutamente legal" y "a pesar de que ni siquiera hay indicios de esas supuestas actitudes". El portavoz de Unión Valenciana, Fermín Artagoitia, apoyó también la iniciativa pero pidió más firmeza al consejero y recordó que el PP está incumpliendo el acuerdo de las Cortes sobre homologación de textos. Esquerra Unida acusó al PP de situarse en la "extrema derecha" y anunció que trasladará su preocupación por la siutación a los claustros de profesores y a los sindicatos para que se enfrente a la "agresión" avalada por las Cortes. Tras esta proposición, el PP se opuso a una iniciativa de UV que solicitaba el respaldo del a Cámara a las sugerencias realizadas por el Defensor del Pueblo en relación al desarrollo de la ley de política lingüística del Parlamento de Cataluña, especialmente a la delimitación del ámbito territorial de la lengua. Los populares acusaron a sus socios regionalistas de querer inmiscuirse en las decisiones de otros parlamentos soberados y anunciaron su oposición. Artagoitia indicó que la posición del PP estaba condicionada por CiU.