Los sindicatos exigen poder de decisión en el Instituto de Empleo

UGT y CC OO exigirán poder de decisión en los órganos del futuro Instituto Valenciano de Empleo. Más allá del mero derecho a ser consultados, que según las centrales pretende la Administración, los sindicatos quieren que su representación en el organismo que ha de gestionar las políticas activas de empleo, entre ellas las que se transferirán el 1 de enero de 1999, sirva para poder encaminar las actuaciones que permitan que el Inem valenciano sea efectivo en la intermediación laboral.

Según informaron Fernando Casado y José Fons, secretario de Acción Sindical de CC OO y secretario ejecutivo de UGT, respectivamente, el proyecto que baraja la Administración y que pretende presentar ante las Cortes para aprobar la ley de creación del Instituto Valenciano de Empleo, "no define con claridad el organismo, ni sus objetivos, ni establece la participación de los agentes sociales en su estructura". "Es una propuesta para cubrir expediente", dijo Casado. Con todo, ambos dirigentes sindicales destacaron que la propuesta del Consell la conocen de forma "informal", ya que no se ha creado ninguna mesa de negociación. UGT y CC OO pidieron al Consell que "deje de hacer propuestas que son cortinas de humo y que vaya a lo concreto". La falta de concreción, según dijo Casado, llega a puntos especialmente importantes para los sindicatos, como el carácter autónomo, público y gratuito del organismo. Fons añadió un dato más: los órganos en los que estarán representados los agentes sociales no tendrán capacidad de control de la ejecución del presupuesto. "Es un proyecto inacabado", dijo Casado, que reclamó que la ley que vaya a las Cortes se acompañe con el reglamento que la desarrollará. Fons insistió en la necesidad de que el organismo valenciano de empleo no reproduzca los errores del Inem y que sea un organismo útil y capaz de intermediar en el mercado laboral. "Esto se garantiza con la participación activa de los agentes sociales", dijo Fons. El retraso que llevan las negociaciones -antes de mediados de noviembre debería estar listo el proyecto para afrontar el trámite parlamentario- preocupa a los sindicatos, que no han sido aún convocados por José Luis Colvée, recientemente nombrado director general para las transferencias del Inem, pero aseguran que no actuarán de forma precipitada.