Sólo 5 municipios ofrecen trabajos sociales a reos en lugar del arresto

Arganda del Rey, Colmenar de Oreja, Rivas-Vaciamadrid, Valdemorillo y Villaviciosa de Odón son, por ahora, los únicos municipios madrileños que ofrecen plazas para que los reos de delitos y faltas leves puedan sustituir las condenas de multa y arresto de fin de semana por tareas de utilidad pública. Esta posibilidad de cumplir las sentencias de delitos menores con actividades de interés comunitario se abrió tras la entrada en vigor del Código Penal de 1995. Para su desarrollo es preciso que las administraciones públicas oferten plazas, y ése fue el motivo que llevó a la firma de un convenio, en mayo de 1997, entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) e Instituciones Penitenciarias.En Madrid, el primer Ayuntamiento que se apuntó a la iniciativa fue el de Villaviciosa, hace seis meses. El último ha sido el de Rivas-Vaciamadrid. Ninguno de los grandes municipios de la región, como el de la capital o los de la corona metropolitana, se ha sumado aún a la medida. Lo que sí está previsto para fechas próximas es que el Gobierno regional firme un convenio para ofertar estos trabajos.

53 plazas en Madrid

En la actualidad, en Madrid hay 53 puestos para desarrollar este tipo de tareas, según portavoces de Instituciones Penitenciarias. De ellos, 29 los ofrecen cuatro de los cinco municipios apuntados al proyecto: Villaviciosa de Odón, 15; Arganda del Rey, 6, y Colmenar de Oreja y Valdemorillo, con cuatro cada uno. Rivas se ha sumado hace muy poco y debe aún definir su aportación. El resto de los puestos los gestionan ONG y asociaciones sin ánimo de lucro. Los condenados desempeñan diversas tareas en los municipios. La mayoría se dedica al cuidado de parques y jardines, a la limpieza de calles y al mantenimiento de edificios municipales. También hay dos puestos en colaboración con los servicios sociales y culturales y tres de vigilancia medioambiental.El juez decano de Madrid, Fernando Fernández, se ha quejado en reiteradas ocasiones de que la Administración no proporciona plazas para desarrollar esta posibilidad del Código Penal. Tras dos años de existencia de esta nueva vía, los jueces siguen imponiendo multas al no saber qué hacer con los reos. Desde 1996, en Madrid se han cumplido 24 sentencias por medio de estos trabajos comunitarios, según Instituciones Penitenciarias.

Estas medidas sustitutorias están pensadas sólo para aquellos condenados que no son delincuentes habituales y que deben cumplir sentencia por delitos menores como riñas o daños en bienes públicos, por ejemplo, destrozos en mobiliario urbano.

Se trata, según la FEMP, de tareas sin remunerar, aunque se pague transporte o manutención, que no deben servir para cubrir puestos de trabajo. Canarias y Andalucía son las comunidades autónomas con más municipios sumados a esta iniciativa.