Un acuerdo saludable

EL TRANSFUGUISMO político es un fenómeno común a todas las democracias y tan antiguo como el debate sobre quién ostenta la titularidad de un cargo electo: el individuo, el partido o la coalición en cuyas listas lo obtuvo. Su proliferación en España, especialmente en los Ayuntamientos, lo han convertido en una pandemia que desestabiliza gobiernos locales, invita a las corruptelas y fomenta las deslealtades a partidos y electores.Por eso resulta muy saludable que el Gobierno y el PSOE hayan llegado a un acuerdo para combatir un transfuguismo que el texto convenido tacha de "patología política de nuestro sistema". Los demás partidos se han sumado al pacto, que habrá de firmarse la próxima semana. Se trata del establecimiento de un código deontológico que dificulte conductas que causan graves problemas a la gobernabilidad de los Ayuntamientos y para las que el Derecho no tiene respuesta. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional dicta que los representantes de los ciudadanos no pueden ser destituidos por una voluntad distinta a la del propio electorado.

A estas alturas, los partidos democráticos debieran ser perfectamente conscientes de que el transfuguismo político perjudica a todos por igual. Aunque en ocasiones sea grande la tentación de aceptar apoyos -inesperados o solicitados- de tránsfugas de los partidos rivales. Porque todos se han visto ya afectados por este fenómeno en algún punto de la geografía española y todos han caído alguna vez. Y porque, además de violentar la voluntad de uno u otro electorado, el transfuguismo mina el prestigio y pervierte el funcionamiento de la democracia representativa. Además de fomentar los intercambios irregulares de favores, los acuerdos oscuros y la compra-venta de votos. En resumen, la corrupción.

Los partidos acuerdan por ello rechazar y no admitir en su grupo político a concejales de otras candidaturas mientras mantengan el cargo obtenido en su partido original. Se comprometen además a "impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar las mayorías de gobierno de las instituciones", así como a aislar a los tránsfugas. El acuerdo deberá entrar en vigor con el próximo mandato de las Corporaciones Locales. Con este código no se impedirán del todo las tentaciones de utilizar tránsfugas del rival político para beneficio propio, pero se dispondrá de un instrumento para denunciar a quien se deje vencer por las mismas.

Si saludable es que los partidos hayan encontrado una base común para este acuerdo contra un fenómeno que a todos perjudica, también lo es el hecho mismo de que los partidos del arco parlamentario puedan llegar a acuerdos. El talante del ministro de Administración Territorial, Mariano Rajoy, que ha llevado el peso de la negociación por parte del Gobierno, ha favorecido sin duda el acuerdo. Sería muy deseable que este espíritu se hiciera extensible a tantas cuestiones legislativas aún pendientes de similar entendimiento.