Criminólogos creen que suavizar la ley antiterrorista evitaría riesgos de tortura

Si se rebaja la legislación antiterrorista respecto al tiempo que un detenido puede permanecer en comisaría sin pasar a disposición judicial, seguramente se evitaría el riesgo de tortura. La jornada inaugural del curso Prevención de la tortura, inmigración y actuación policial, organizado en la Academia de la Ertzaintza, llegó ayer a las primeras conclusiones. Este ciclo de conferencias dirigidas a las policías vascas y a estudiantes del Instituto Vasco de Criminología se abrió con una intervención del consejero de Interior, Juan María Atutxa, y con dos ponencias de especialistas en derecho y criminología.

Los doctores en Derecho Isidoro Blanco y Gema Varona, y el vicerrector del campus de Guipúzcoa, José Luis de la Cuesta, defendieron en Arkaute que el mejor modo de que no exista la tortura es prevenirla. En este sentido, hay varias fórmulas que la comunidad jurídica admite como idóneas para minimizar el riesgo de malos tratos: la grabación de los interrogatorios, la reducción del tiempo que el detenido permanece a la espera de acudir ante el juez o el seguimiento de un médico forense. Los especialistas abogan por poner en marcha estos mecanismos, casi todos en desuso. El consejero Atutxa, en el discurso inaugural, también propuso "tres antídotos eficaces" contra la tortura: "Formación, transparencia y control". En su ponencia, Gema Varona, profesora del Instituto Vasco de Criminología, juzgó fundamental cambiar la legislación antiterrorista y reducir a 72 horas el tiempo que un detenido puede estar en comisaría sin pasar a disposición judicial. "No se trata de que un policía sea un torturador patológico, sino que hay circunstancias que favorecen el que se puedan producir abusos". El máximo son ahora 120 horas. Otro medio de prevención es grabar en vídeo los interrogatorios. "Sin embargo, no se hace", aclara Varona. "Se dice que es costoso, pero pienso que la tecnología está para algo. La protección de los derechos humanos merece el gasto en tecnología". La jurista llamó la atención sobre la inferioridad de condiciones con que parten los inmigrantes, uno de los sectores más susceptibles de sufrir torturas. Destacó además la desproporción entre la cantidad de extranjeros que vive en el País Vasco y el índice de presos. "La población extranjera no llega al 2% del total de habitantes en Euskadi y, sin embargo, en las prisiones representan un 16%, que se eleva al 25% en cuanto a detenidos. En barrios conflictivos como el de San Francisco, en Bilbao, alcanzan el 50%. Estas estadísticas no reflejan lo que se llama la cifra oscura , que en nuestro país pueden llegar a un 50%". Gema Varona entiende que más importante que imponer penas altas a los torturadores es reparar a la víctima. Cree que la ley de extranjería y la de protección de la seguridad ciudadana son "muy discriminatorias". "Todos tenemos prejuicios. Lo importante es controlarlos", concluyó.