Condenados en Francia cinco fabricantes de descodificadores piratas

Cinco fabricantes de descodificadores piratas de Canal + y Canal Satélite que habían distribuido varios centenares de estos aparatos en Francia, Bélgica y Andorra a través de una sociedad llamada Alcionic fueron condenados ayer por un tribunal de París. La resolución judicial explica que la red fue descubierta en 1996 por el servicio de investigación de fraudes en las tecnologías de la información (SEFTI). En principio, Alcionic se constituyó para vender descodificadores de Teletexto, pero supuestamente se habría dedicado a fabricar descodificadores piratas para paliar una mala situación financiera.Alain Cazalets, directivo de Alcionic, ha sido condenado a nueve meses de prisión con remisión condicional y a pagar una indemnización de 22 millones de pesetas a Canal + y siete millones a Canal Satélite. Los otros cuatro implicados han sido condenados con penas que oscilan entre los nueve y seis meses de prisión y multas entre 750.000 y 500.000 pesetas. En total, Canal + recibirá en concepto de indemnización por daños y perjuicios alrededor de 49 millones de pesetas y Canal Satélite, 11 millones.

El caso no es un hecho aislado. De hecho, Bruselas pretende tomar medidas contra todo tipo de pirateo a las televisiones de pago. Así, el Parlamento Europeo ha recibido esta semana con reticencias la propuesta de directiva elaborada por la Comisión para luchar contra la piratería en la televisión de pago, que considera blanda y necesitada de refuerzos adicionales. En primera lectura, dentro del proceso de codecisión comunitario Parlamento-Consejo, el pleno aprobó el pasado jueves un informe del ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Georgios Anastassopoulos , que contiene 24 enmiendas . Anastassopoulos considera que la propuesta de Bruselas es buena pero que carece de la suficiente «audacia» para acabar con una práctica que causa pérdidas millonarias a los proveedores de servicios codificados en la Unión Europea: 200 millones de ecus en 1996 (más de 33.000 millones de pesetas).

El informe de la comisión de Asuntos Jurídicos subraya que existen estados miembros en los que la mitad de los telespectadores reciben programas codificados sin estar abonados a los correspondientes servicios y que algunos fabricantes de dispositivos de recepción piratas se anuncian impunemente en Internet.

La directiva pretende ofrecer un mismo nivel de protección legal a las radios y TV de pago y otros servicios a distancia de acceso codificado, como publicaciones electrónicas y vídeos a la carta.