CiU se abstuvo de votar una ley que obligaba a los jueces a saber catalán

El debate sobre el uso del catalán en la justicia se enconó ayer con un fuego cruzado de acusaciones procedentes de distintos frentes, todas ellas contra Convergència i Unió (CiU) y el Departamento de Justicia. Mientras el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Jaume Amat, acusaba el martes a un sector de los jueces que ejercen en Cataluña de obstruir el uso del catalán, el grupo parlamentario de CiU se abstenía en el Congreso de los Diputados de votar una proposición de ley del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) que obligaba a los jueces que ejercieran en Cataluña a conocer el catalán. En concreto, el BNG proponía modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para exigir como requisito para los jueces el conocimiento de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas en las que ejercen. Mientras que la posición de CiU fue calificada ayer de incoherente desde Esquerra Republicana (ERC) y el Partit per la Independència (PI), el decano de los jueces de Barcelona, Joaquín Bayo, respondía con contundencia al director general. El dirigente del PI, Àngel Colom, pidió ayer una reunión urgente de los cuatro grupos parlamentarios que aprobaron la Ley de Normalización Lingüística por entender que la abstención de CiU en el Congreso rompe el consenso que se alcanzó al comprometerse las diferentes fuerzas políticas en una resolución conjunta a promover la modificación de las leyes de ámbito estatal que impiden la plena normalización del catalán. Colom interpreta la posición de CiU como una obstrucción deliberada a la aplicación de la ley. PASA A LA PÁGINA 3