El Gobierno recurre al Constitucional contra la Junta de Castilla y Leon

El Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional un artículo de la Ley de Apoyo de los Presupuestos de 1998 de la Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular (PP). Esta es la primera vez que el Ejecutivo recurre una norma de la autonomía más simbólica para José María Aznar, quien precedió en su presidencia a Jesús Posada y a Juan José Lucas. Esta decisión privaría a su portavoz y consejero de Sanidad, José Manuel Fernández, del estatus de funcionario fijo.

El Consejo de Ministros del pasado 27 de marzo, a propuesta del titular del departamento de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional una norma de la Ley de Medidas de Apoyo de los Presupuestos de 1998 de la Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular.En concreto, el Ejecutivo recurrió su artículo 18, que consagra la adscripción como funcionarios fijos de la Junta de la comunidad a contratados temporales. Esta determinación del Ejecutivo que preside Juan José Lucas afecta a una veintena, de personas, entre ellas al actual portavoz de su Gabinete y consejero de Sanidad y Bienestar Social, José Manuel Fernández Santiago.

La norma recurrida ante el alto tribunal indica: "El personal al servicio de la Administración de Castilla y León que a la entrada en vigor de esta ley, se encuentre vinculado en virtud de contrato administrativo de colaboración temporal formalizado con anterioridad al 24 de agosto de 1984 adquirirá la condición de personal, laboral fijo".

A renglón seguido, señala: "Se faculta a la Junta ( ... ) para, oído , el Consejo de la Función Pública, determinar las condi ciones y el procedimiento al objeto de llevar a cabo la integración de este colectivo en el de personal laboral fijo".

El mencionado artículo sustituye al apartado 1 de la disposición transitoria cuarta de la Ley de la Función Pública de Castilla y León. Ésta, que data de octubre de 1990, establece, entre otros, los requisitos para entrar a formar parte del funcionariado. Su disposición cuarta alude directamente al acceso del personal contratado a fijo.

Una veintena de contratados temporales, entre ellos Fernández Santiago, no cumplieron los requisitos establecidos legalmente para tener acceso como personal fijo de la Junta. El artículo 18 de la Ley de Apoyo a los Presupuestos trató precisamente de resolver este problema, anulando el apartado de la Ley de la Función Pública que lo regulaba. Así, fue pactado en la comisión Parlamentaria de las Cortes castellano-leonesas entre el PP y el PSOE con la abstención de la organización Izquierda Unida (IU).

La decisión del Gobierno del PP, al recurrir una norma de la Junta castellano-leonesa, no tiene precedentes. Por añadidura, se da la particularidad de que afecta a un hombre de confianza de Lucas, uno de los principales líderes populares.

Hace un año, el Consejo de Ministros recurrió otra norma de un Gobierno popular, el de Navarra. En este caso, porque aumentaba el salario de los funcionarios de esa autonomía cuando el Estado había optado, en general, por la congelación del mismo como una de las medidas precisas para poder cumplir los acuerdos de convergencia europea de Maastricht. Fue una decisión generalizada que afectó también a otras comunidades autonómas, como el País Vasco.