La defensa de Urralburu alega la prescripción del supuesto delito de cohecho continuado

La prescripción, argumento al que suelen aferrarse los defensores de los implicados en delitos económicos, se esgrimió ayer en la Audiencia de Pamplona en la primera sesión del juicio contra los miembros de la trama navarra del caso Roldán. Javier Asiaín, abogado de Javier Urralburu, ex presidente socialista de Navarra, anunció que la planteará como cuestión previa respecto al cohecho continuado. Los informes periciales aseguran que Urralburu y su consejero de Obras Públicas, Antonio Aragón, cobraron al menos 171 millones de cinco constructoras por comisiones ilegales. El fiscal pide para ambos 11 años de prisión por un delito de cohecho continuado v dos contra la Hacienda Foral.

Javier Urralburu llegó puntual a la sala de bodas de la Audiencia de Pamplona. Le acompañaba su esposa, Olivia Balda, acusada de cohecho como cooperadora necesaria y para la que se piden cuatro años de cárcel.El ex presidente navarro declinó hacer manifestaciones a la prensa y dijo que se atiene al veredicto. En privado, manifestó luego que no seguiría la táctica de Luis Roldán de implicar al PSOE en los hechos que se juzgan y que no le sirvió al ex director de la Guardia Civil, condenado a 28 años.

Además de la de Urralburu, anunciaron también su intención de alegar la prescripción del cohecho las defensas de Roldán y su testaferro, Jorge Esparza. Para ambos, también en el banquillo, se solicitan cuatro años como inductores del mencionado delito. El letrado de Antonio Aragón no alegó, en cambio, la prescripción de ese delito y sí la "inexistencia" de los fiscales.

Los talones de constructoras detectados en las cuentas de los procesados terminaron de aparecer en junio de 1991, cuando la ley obligó a la identificación de los superiores a 500.000 pesetas. A partir de entonces, los miembros del clan Roldán cobraron las comisiones ilegales en metálico.

Javier Asiaín, ex parlamentario socialista navarro que defiende a Urralburu, anunció al tribunal que, además de la prescripción, planteará la incompetencia de la sala para conocer los delitos fiscales que se imputan a su cliente, así como la, en su opinión, irregular incorporación a la causa de la comisión rogatoria enviada a España por el juez suizo Paul Perraudin. De ésta se desprende que en las cuentas helvéticas de Urralburu y Aragón se ingresaron 21 cheques de Siemens por 409 millones. En el juicio de Roldán, en Madrid, la defensa abordó la misma cuestión y fue desestimada.

Juan Zuza, abogado de Aragón, planteó como cuestión previa la exclusión de las numerosas acusaciones particulares personadas. porque, argumentó, las únicas perjudicadas habrían sido las constructoras. En la vista, además del fiscal, figuran como acusadores el Gobierno y el Parlamento de Navarra, los partidos UPN y HB y 120 ciudadanos. Al PSN se le negó su comparecencia como acusación. Todos los representantes de estas acusaciones se opusieron y, en concreto, el del Gobierno navarro expuso para razonar su negativa: "Ha sido ofendido cuando su presidente y un consejero defraudaron la confianza depositada en ellos. Y la Hacienda Foral ha sido perjudicada".