Pendiente de aclaración

Cuando ya es definitivamente tarde, todavía estamos por oír una explicación creíble de lo ocurrido en el partido socialista desde que en 1989 saltó a la prensa el caso Juan Guerra, símbolo de una manera de entender la política en la que se tuvo como lo más normal del mundo el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada, el cobro de comisiones sobre la concesión de obras, el pago de informes jamás realizados y la confusión entre Administración pública y negocios privados. Al parecer, todo eso ocurría sin que los máximos dirigentes llegaran siquiera a enterarse.Pero como hasta el más lerdo de los observadores ha podido saber, todos los partidos políticos han recurrido a métodos de financiación ilegal para atender la creciente factura de sus costes de mantenimiento. Otros han escapado de la quema por el exceso de garantismo que nos caracteriza, pero en lo que afecta al PSOE, la revelación, en mayo de 199 1, de la existencia de una empresa dedicada a este menester arrastró la apertura de un interminable proceso judicial que selló todas las bocas al tiempo que hacía pender sobre todas las cabezas algo más que una sospecha de corrupción institucionalizada. En marzo de 1993, los peritos del Ministerio de Hacienda determinaron que Filesa había recibido más de mil millones de pesetas por informes inexistentes para realizar pagos por cuenta del PSOE.

Los casos Guerra y Filesa revelaron unos métodos de financiación ilegal y de enriquecimiento personal similares a los que habían caracterizado en los años ochenta la vida política en Francia, Italia y Grecia. En España, la expansión económica experimentada desde 1986, las amplias posibilidades de dinero fácil, la inversión del Estado en gigantescas obras públicas, la descentralización política y la multiplicación de centros de gasto contribuyeron a generalizar unas prácticas corruptas que ni el Gobierno ni el PSOE mostraron interés ,alguno en denunciar. Es más, la exaltación del liderazgo personal y el control ejercido desde el congreso de 1984 por su núcleo dirigente impidieron que esos métodos salieran a la luz o que, una vez conocidos, alguien con autoridad dentro de su partido se atreviera a exigir responsabilidades.

La política de quienes fueron máximos dirigentes socialistas ha consistido hasta hoy, primero, en negar los hechos, atribuyéndolos a una conspiración contra la democracia; luego, como los hechos siguieran golpeando con su acostumbrada tozudez, en negar su conocimiento. De negación en negación, han retrocedido en su fortaleza hasta quedar desnudos ante los jueces. Ocurrió en ese momento con estos dirigentes lo que a Largo Caballero cuando hubo de responder de su actuación en la revolución de 1934: yo estuve siempre en mi casa y no salí nunca de mi casa, repetía desde la cárcel el veterano líder. Nunca tuve conocimiento de una empresa ni de un holding, han dicho González y Guerra. Nadie creyó a Largo, nadie cree a González ni a Guerra. El tremendo problema para su partido es que, después de tanta negación, siguen hablando y otros van camino de la cárcel.