La juez ve indicios de delito contra Manglano y Perote en las escuchas del Cesid

La juez de Madrid que investiga las escuchas ilegales del Cesid considera que ocho personas relacionadas con este servicio de espionaje -entre ellas, el ex director Emilio Alonso Manglano y el jefe del servicio de operaciones Juan Alberto Perote- pudieron haber incurrido "en delitos de interceptación telefónica y descubrimiento y revelación de secretos".La juez Ana María Perez Marugán lo indica así en un auto hecho público ayer en el que, además, insta al fiscal y al resto de las partes del proceso para que, en un plazo de dos semanas, le informen si procede abrir juicio oral contra estas ocho personas, el sobreseimiento del proceso o la práctica de nuevas diligencias. Las otras personas imputadas, además de Manglano y Perote, son José Manuel Navarro Benavente, ex jefe del gabinete de escuchas del Cesid, y los técnicos del centro Juan Miguel Nieto Rodríguez, Francisco Vallejo León, Visitación Patiño Galán, José María Vida Molina y Julio López Borrero.

La investigación judicial es fruto de una querella presentada por el director de la revista Época, Jaime Campmany, quien figuraba en una lista de personas cuyas conversaciones telefónicas habían sido grabadas por los servicios secretos. La titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid entiende en su auto que la investigación judicial pone "de manifiesto que existen indicios de que los hechos puedan constituir un delito de interceptación de comunicaciones telefónicas y descubrimiento y revelación de secretos".

El caso de las escuchas del Cesid fue cerrado por la magistrada Ana Mercedes del Molino, antecesora de Pérez Marugán en el Juzgado número 43, por entender que los hechos no revestían delito. En su opinión, las grabaciones fueron "aleatorias y causales" y necesarias "para proteger intereses vitales del Estado". Al hacerse cargo del juzgado, Pérez Marugán ratificó el archivo del caso. Meses después, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juzgado instructor la reapertura del caso al considerar que sí había indicios de delito en la actuación del Centro.

El tribunal, la Sección 15 de la Audiencia, ordenó que se volviera a interrogar a Perote y que se incorporaran a la causa las cintas con las grabaciones. De aceptarse los argumentos esgrimidos por la juez para archivar el caso, "no estaríamos en un Estado de derecho, sino más bien en un Estado policial".