EE UU confirma que abrirá sus archivos sobre Chile a un juez español

Washington confirmó ayer su disposición de colaborar con la justicia española en el caso por genocidio contra el general Augusto Pinochet, que encabezó la dictadura militar en Chile de 1973 a 1990, aunque insistió en que la resolución del asunto corresponde a España y a Chile"."Estados Unidos cooperará con España hasta donde lo permita la ley y en la medida en que haya alguna información disponible en nuestros archivos oficiales", afirmó el portavoz del Departamento de Estado, John Dinger, frente a la petición de España para recibir documentos de los archivos de las agencias gubernamentales -CIA, y FBI- que puedan ser útiles en la investigación contra Pinochet que lleva a cabo el juez Manuel García Castellón. Sin embargo, el portavoz afirmó no estar "seguro de que Estados Unidos tenga un papel en el caso".

Aunque Dinger no especificó los pasos que EE UU ha de tomar con relación a la desclasificación de los documentos, sí dijo que cualquier documento de esos archivos que pudiera ser requerido por la justicia española se le entregará en base al Tratado de Asistencia Legal Mutua hispano -norteamericano, actualmente en vigor entre ambos países.

El portavoz también informó que corresponde al Departamento de Justicia atender la comisión rogatoria enviada por el juez García Castellón el pasado 6 de febrero. La fiscal general (ministra de Justicia) estadounidense, Janet Reno, ya ha ordenado a su departamento que preste auxilio judicial a la justicia española, que investiga, la detención, asesinato y desaparición de decenas de españoles, y de chilenos descendientes de españoles, durante el régimen militar de Pinochet.

El Gobierno chileno reiteró esta semana que el juicio abierto en España contra la junta militar que presidió Pinochet "no va a llegar a ninguna parte", y descartó que la decisión norteamericana de colaborar con el magistrado español constituyera un golpe para Chile. Las autoridades chilenas han declarado que no reconocen la jurisdicción de los tribunales españoles sobre sus asuntos internos. El juicio abierto en la Audiencia Nacional de España fue promovido por la Unión Progresista de Fiscales españoles.

Según datos oficiales, unas 3.000 personas fueron asesinadas durante la dictadura militar de Pinochet, y de ellas un millar fueron detenidas y dadas por desaparecidas.