Vuelve el dedo

ESTE GOBIERNO entró en la función pública como elefante en cacharrería y todavía sigue destrozando las estanterías. El borrador de Estatuto de la Función Pública elaborado recientemente por el Ministerio de Administraciones Públicas incluye la figura del "concurso específico", en el que un 50% de la valoración depende de "la libre apreciación de la autoridad convocante". En resumen y en lenguaje más llano: un descarado aumento de las designaciones a dedo en el estrato burocrático de los subdirectores generales. El texto del borrador extiende de forma confusa la aplicación de la designación digital a puestos directivos y de "especial dificultad técnica". Con formulaciones tan vagas, la discrecionalidad puede extenderse prácticamente a cualquier ámbito de la Administración.Semejantes propuestas de cambio en la función pública deben ser interpretadas como un intento de poner la Administración al servicio de este Gobierno con absoluto desprecio de los principios de independencia y profesionalidad que sostienen la gestión administrativa. En realidad, el intento del departamento de Administraciones Públicas es desgraciadamente coherente con la sistemática destitución o relegamiento de todos aquellos funcionarios sospechosos de simpatía con el Gobierno anterior. En esta purga, planeada desde la vicepresidencia de Álvarez Cascos, no se ha respetado la distinción tradicional entre cargo político y cargo administrativo, sobre la que durante mucho tiempo se ha fundado la estabilidad de la maquinaria administrativa española.

Este Gobierno ya ha demostrado sobradamente su falta de escrúpulos -y de modales- para poner a su servicio los instrumentos del Estado. La extensión de la libre designación pone en peligro la independencia y profesionalidad de la Administración española, y deberían ser sus funcionarios los primeros interesados en que tal deterioro no se produzca.

Es verdad que el borrador inicial debe ser revisado en trámite parlamentario, y probablemente mejorará en el proceso, pero el Ministerio de Administraciones Públicas -con Álvarez Cascos al fondo- parece caminar en dirección opuesta al objetivo tantas veces proclamado por todos los Gobiernos y nunca realmente cumplido: profesionalizar la Administración y limitar las designaciones políticas y cargos de confianza del ministro. Lo que el Gobierno propone es una garantía de arbitrariedad y desprestigio para la Administración española. En definitiva, un paso atrás.