El PSOE busca encaje jurídico para la comisión contra "el abuso de poder"

La dirección del Grupo Parlamentario Socialista buscará entre hoy y mañana el encaje jurídico y reglamentario que justifique la creación en el Congreso de una "comisión para la defensa de las libertades y contra el abuso de poder", según la ha bautizado el secretario general del grupo, Jesús Caldera. Los objetivos políticos los tienen claros, aunque reconocen la dificultad de "trabar jurídicamente" tales objetivos para no dar argumentos al Grupo Popular para que echen para atrás tal petición.Los socialistas no quieren hablar de jueces ni de medios de comunicación sino del Gobierno, que es lo único aceptable desde el punto de vista reglamentario. Un grupo de expertos jurídicos trabajaba ayer y continuará hoy en la elaboración de una propuesta de comisión de investigación que será sometida al pleno, previsiblemente la próxima semana, con la firma de 75 parlamentarios socialistas.

Quién está detrás de la denuncia anónima que llegó a la fiscalía en tiempos de Juan Ortiz Úrculo, y que dio lugar a la apertura de diligencias contra Antena 3 es una de las cuestiones que los socialistas quieren investigar.

Otra es si es cierto o no que se ha encargado desde el Gobierno, al parecer un secretario de Estado, un informe sobre la empresa Sogecable y que el texto ha dado lugar a actuaciones judiciales. También se trata de saber si es verdad que tal estudio sirvió de fundamento para que el director de la revista Época, Jaime Campmany, presentara una querella en la Audiencia Nacional ante el juez Javier Gómez de Liaño contra Sogecable.

Todos estos ejemplos constituyen, a juicio de los socialistas, un conjunto de medidas "contra las libertades" que les preocupa enormemente. Dirigentes del grupo parlamentario señalaron ayer que estos abusos se están produciendo contra unas determinadas empresas de comunicación, pero que su preocupación trasciende a los nombres concretos y se eleva a las libertades en su conjunto.

El PP no ha acogido de buen grado esta iniciativa y la respuesta ha sido que una comisión de esas características tendría que investigar también el pasado, es decir, los supuestos abusos de poder cometidos por el anterior Gobierno.