Investigados por corrupción en Argentina 3.000 funcionarios y otros 7.000 familiares suyos

Cuatro jueces de la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina, investigan a unas 10.000 personas, entre funcionarios públicos y sus familiares, por presunto enriquecimiento ilícito. Las investigaciones están incluidas en un total de 12.000 actuaciones judiciales y se refieren a múltiples fraudes con fondos públicos en cinco municipios de los alrededores de la capital.Las actuaciones involucran a unos 3.000 funcionarios, entre alcaldes, concejales, consejeros vecinales y policías, y a 7.000 parientes de ellos, señalaron fuentes judiciales al diario La Nación, de Buenos Aires. Los jueces esperan recibir en los próximos días informaciones solicitadas en su momento a los registros oficiales de propiedad, al fisco y organismos bancarios para conocer el valor de los bienes de los sospechosos. Los investigadores prevén comparar esos informes con las declaraciones de bienes que se les exigen a todos los funcionarios públicos al asumir sus puestos, con el objetivo de detectar presuntos cobros ilícitos.

En uno de los casos, se investigan millonarios gastos efectuados por el Consejo Deliberante (legislatura comunal) del municipio de Lomas de Zamora en la reparación o compra de vehículos y el servicio de fotocopiado. Otras pesquisas se centran en presuntos fraudes en compras y contratos de los municipios de Almirante Brown, Esteban Etcheverría y Avellaneda.

Uno de los jueces investiga, además, el presunto enriquecimiento ilícito de decenas de miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires, la segunda más poderosa del país, que en los últimos meses despidió a más de un centenar de sus oficiales y agentes por presunta corrupción.

Sobre el tapete se halla, así mismo, la investigación del supuesto pago de sobornos en la contratación de la multinacional norteamericana de ordenadores IBM para la provisión de modernos equipos y sistemas informáticos para el municipio de Avellaneda.

Las leyes locales establecen penas que llegan a los seis años de prisión para los funcionarios condenados por enriquecimiento ilícito e inhabilitación por 10 años para cargos públicos.