Canellas respaldará con su patrimonio la fianza millonaria del 'caso Sóller'

El ex presidente del Gobierno balear y antiguo líder del PP regional, Gabriel Cañellas, acusado de supuesto cohecho y prevaricación por el caso Sóller, negociará pólizas bancarias y avales financieros sobre su importante patrimonio familiar para poder responder a los 134 millones de pesetas de fianza, en concepto de responsabilidad civil, que el juez le impuso. El PP no cooperará en la operación.Ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares avanzó un paso más hacia la celebración del juicio oral, al dictar un auto que rechaza el recurso de IU que pretendía la imputación por prevaricación del actual consejero del Gobierno Balear, Tomeu Reus, del PP. Cañellas dispondrá de un plazo de cinco días para presentar los 134 millones de fianza.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para el veterano líder del PP una pena de un año de cárcel y 18 de inhabilitación, una multa de 100 millones de pesetas y la devolución de los 50 millones de pesetas recibidos en supuestas comisiones por la adjudicación del túnel de peaje de Sóller en 1988.

La dirección nacional del PP frenó, semanas atrás, los movimientos de solidaridad que se iniciaron en Baleares para celebrar una colecta de apoyo a Cañellas para que éste abonara la fianza judicial. El propio ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, aseguró que estaba dispuesto acolaborar si era preciso.

Gabriel Cañellas, casi con seguridad, no tendrá dificultad para obtener los avales o préstamos bancarios hasta sumar los 134 millones de pesetas exigidos. Para responder, por esta cantidad cuenta con el respaldo financiero de un importante patrimonio familiar y una gran influencia en grupos económicos y bancarios. No en vano, con las ayudas y donaciones de las primeras entidades financieras y grandes empresarios nacionales y regionales, Cañellas -siendo presidente de Baleares- reunió para su fundación privada, Illes Balears, un capital de 1.200 millones de pesetas. En el escrito de acusación del fiscal, la Fundación aparece citada como supuesta perceptora de casi cinco millones de pesetas de comisiones del caso Sóller.