Condenado por negligente el abogado de unos desahuciados

Pedro Antonio Montero Marín, el abogado de 13 familias de Fuenlabrada (164.000 habitantes) sobre las que pesaban órdenes de desahucio, actuó de forma negligente con sus clientes. Así lo ha entendido la titular del juzgado de instrucción número 13 de la capital, Sagrario Arroyo, que acaba de condenar al letrado a abonar unos 3,5 millones de pesetas a uno de los inquilinos afectados por su supuesto mal hacer profesional.La juez considera que Montero Marín tiene derecho a percibir 1.079.000 pesetas como honorarios del matrimonio formado por Domingo Fernández y Carmen Sánchez, pero, en cambio, le obliga a abonar los 4,5 millones que la pareja hubo de invertir en la recompra de su propia vivienda. Esta sentencia, que aún puede recurrirse, abre una puerta al resto de familias afectadas por un desahucio que, en abril del año pasado, se saldó con gravísimos altercados de orden público entre vecinos y policía.

La azarosa historia de los inmuebles de la calle de Lima 54, en el fuenlabreño barrio de La Avanzada, se remonta a 1979. Sus compradores, familias humildes en su mayoría, encontraron defectos en la construcción y decidieron recurrir a los servicios del citado Pedro Antonio Montero Marín, un abogado de Alcorcón, para reclamar a la constructora, lkasa. Montero recomendó a sus defendidos que ingresaran las letras en una cuenta bancaria común, pero no depositó esas cantidades en el juzgado. Cuando comenzaron a llegar órdenes ejecutivas de pago a las familias, su jurisconsulto les insistió en que no pagaran las costas. Y ahí se enredó todo.

Postura arriesgada

La sentencia analiza así lo ocurrido: "Es claro que el letrado debió de haber adoptado una postura menos arriesgada (...). Lo exigible era abonar las costas y así aconsejarlo a su cliente. El impago de las costas conlleva a apreciar negligencia en su conducta, pues [en caso contrario] no se hubiera llegado a la adjudicación en pública subasta [de las viviendas]".La orden de desahucio llegó al piso de Carmen y Domingo en 1993. En el caso de otros vecinos, el desalojo se programó para el 22 de abril de 1996, en una mañana que resultó agitada: hubo 11 heridos -ocho vecinos y tres agentes-, y el fiscal pidió en otoño cuatro años de cárcel para tres de los residentes en la zona por su presunta participación en la algarada. Los inquilinos de Lima 54 llegaron a acuerdos de recompra por unos 4,5 millones de pesetas para evitar ser expulsados de sus domicilios.

"Hemos pasado 14 años con el alma en vilo, en una situación difícil tanto en lo económico como en lo psicológico. Va siendo hora de que se haga algo con Montero, que es un personaje", comentó Inmaculada Fernández, hija de los demandantes.