Jubilados por incapacidad fisica

Cuando el Partido Popular estaba en la oposición interpuso el recurso de inconstitucionalidad 1.054/1994, promovido por don Federico Trillo, actualmente presidente del Congreso de los Diputados, y más de cincuenta diputados del Grupo Popular, en relación con el artículo 62 de la Ley 21/1993 de Presupuestos Generales del Estado para 1994, en el cual el Partido Socialista y Convergència i Unió, cuando gobernaban, dictaminaron injustamente que Ios funcionarios jubilados por incapacidad física permanente no quedaban exentos del impuesto sobre la renta de las personas físicas", y sí los jubilados por el mismo motivo pertenecientes a la Seguridad Social. El Tribunal Constitucional ha declarado nulo ese artículo dándole la razón al Grupo Popular, que interpuso dicho recurso. A la vista de ello, a todos los funcionarios jubilados por incapacidad física permanente y que denunciaron legalmente ante los tribunales correspondientes dicha injusticia, las respectivas delegaciones provinciales del Ministerio de Economía y Hacienda tendrán que devolverles todo el dinero, con sus correspondientes intereses de demora, desde la pensión de enero de 1994.Mi desconcierto, asombro, indignación, es por esto: ¿cómo es posible que el Partido Popular, que en su día interpuso dicho recurso de inconstitucionalidadles obligue ahora a los mismos funcionarios-as jubilados por incapacidad física permanente a tener que pasar por otro tribunal médico para poder cobrar la totalidad de la pensión, que legalmente teman reconocida, cuando ellos mismos como partido político denunciaron dicho atropello? Estamos, sin duda, ante un atentado a la seguridad jurídica que el Gobierno actual tiene la obligación moral de respetar.

Señores Aznar, Rato y Trillo, ¿creen que con estas actuaciones incongruentes que realizan, y con el grave perjuicio económico y moral en la anulación de "derechos adquiridos y reconocidos legalmente", ustedes dan credibilidad como gobernantes?

Los señores funcionarios, en general los que están en activo y los que por desgracia tuvieron que jubilarse o los jubiló de oficio la propia Administración por incapacidad física permanente, no piden ni han pedido nunca una limosna, sólo reivindican y exigen lo que en justicia les pertenece. Rectifiquen ustedes, pues todavía están a tiempo de corregir y cumplir lo que ha dictaminado el Tribunal Constitucional.-