El Gobierno destituye al fiscal jefe Aranda sin dar explicaciones

El Consejo de Ministros aprobó ayer la "remoción" del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, a propuesta del fiscal general del Estado, Juan Cesáreo Ortiz úrculo, menos de 24 horas después de que el Consejo Fiscal respaldase esa propuesta. En la extraordinaria celeridad de esta decisión del Ejecutivo destaca que el Gobierno, según afirmó su portavoz, Miguel Ángel Rodríguez, no tiene opinión" sobre la destitución de Aranda ni formula ninguna "valoración política". El diputado socialista Juan Alberto Belloch, ex ministro de Justicia, la calificó de "cese político" o "sanción disciplinaria fraudulenta".

El PSOE no sólo desaprueba la remoción del fiscal jefe de la Audiencia Nacional sino que considera que crea un precedente insólito en la historia democrática en España. El ex ministro socialista de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, criticó abiertamente ayer la decisión adoptada por el fiscal general del Estado. Antes incluso de que concluyese la sesión del Consejo de Ministros, Belloch anunció que su partido pedirá la comparecencia en el Congreso tanto de Juan Ortiz Úrculo como de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, si el Gobierno confirmaba el traslado, como finalmente sucedió. Belloch quiere que úrculo y Mariscal expliquen "las razones jurídicas, objetivas y reservadas" de la destitución: la primera en la etapa democrática de España de un fiscal del órgano judicial donde ejerce su función.Sanción fraudulenta

Belloch entiende que la remoción de Aranda es un "cese político por pérdida de confianza, o una sanción disciplinaria ilegal. El ex ministro recordó ayer que si se ha tratado de una actuación política, ésta podía ser "razonable" pero contradictoria con el modelo teórico de la Fiscalía como un poder independiente que el PP había defendido desde la oposición. Remachó que si el fiscal general ha aplicado al fiscal jefe de la Audiencia "un régimen disciplinario sin seguir con los procedimientos legalmente establecidos", es decir, sin iniciar antes un expediente, Aranda sería "la víctima de una sanción administrativa por vía fraudulenta".El ex ministro cree que la destitución lanza a la sociedad un mensaje difícil de entender al cambiar a Aranda por un fiscal que está expedientado -su sustituto, Eduardo Fungairiño- sin esperar a que se resuelva ese trámite. El diputado socialista lamentó especialmente el daño a la honorabilidad y trayectoria profesional de Aranda, del que elogió su categoría y su "duro trabajo".

El fiscal del Estado, Juan Ortiz úrculo, respondió a Belloch que la destitución de Aranda no tiene nada que ver con la política: "Quien pretenda interpretar en clave política algo que se ha hecho con fines exclusivamente profesionales, para mejorar el funcionamiento de una fiscalía, no va a poder entender, o le va a ser difícil entender, esta decisión". A través de la agencia Efe, Úrculo insistió en que para la remoción de Aranda se ha utilizado "un precepto legal vigente" y se le han ofrecido "toda clase de garantías y de defensa".

El fiscal general apeló constantemente al respaldo de su Consejo Fiscal -los nueve miembros que le apoyaron pertenecen a la Asociación de Fiscales que él presidió hasta su nombramiento- para rechazar la acusación de haber sancionado "encubiertamente" a Aranda. Por la misma vía, intentó justificar el no esperar a conocer el resultado de los expedientes de los demás fiscales: "El Consejo Fiscal ha decidido, y yo con él, que se trata de cosas distintas que tienen cursos diferentes".Úrculo trató de restar trascendencia a la destitución de Aranda porque éste seguirá siendo fiscal de Sala y será nombrado jefe "de otro sitio".

El Gobierno, por su parte, optó ayer premeditadamente por el silencio. Durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, se preguntó al portavoz si podría resentirse el principio de autoridad al cesar al fiscal jefe de la Audiencia antes de que se resuelvan los expedientes disciplinarios abiertos a varios de los fiscales bajo sus órdenes. Miguel Angel Rodríguez respondió que el Gobierno no comentaba nada sobre este asunto.