Las pensiones suben un 2,6%, y la mínima se sitúa en 64.505 pesetas
Los 7.211.000 pensionistas españoles tendrán un aumento del 2,6% en las nóminas que cobrarán en los últimos días de enero. Esa subida sitúa la prestación mínima con cónyuge a cargo en 64.505 pesetas y la máxima en 284.198 pesetas, y se recoge en el decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros, que modificó también algunas medidas de financiación de vivienda. Una de ellas establece la entrega directa de subvenciones a los promotores de viviendas de protección oficial (VPO) de régimen de alquiler.
El Gabinete conservador parece obsesionado en eliminar los recelos de los pensionistas. Ayer su portavoz, Miguel Ángel Rodríguez, afirmaba solemnemente: "La primera decisión que tomará cada año el Gobierno será la revalorización de las pensiones". La subida es igual a la inflación prevista como en años anteriores y se extiende a las pensiones contributivas y no contributivas.También se aprobó el desarrollo del Acuerdo sobre Empleo y Protección Agrarios (AEPSA), con la regulación del subsidio para los eventuales del campo que reúnan 35 peonadas, cinco menos que las exigidas hasta ahora, según explicó ayer Javier Arenas, ministro de Trabajo.
El Consejo de Ministros aprobó asimismo un real decreto que modifica las medidas de financiación de la vivienda para el periodo 1996-1999.En él se prevé la posibilidad de que los promotores de vivienda puedan ser perceptores directos de las ayudas concedidas a los compradores. Ese adelanto está condicionado a que las ayudas se descuenten de la aportación inicial que han de realizar al comprar la vivienda.
También se establece la posibilidad de entregar directamente las subvenciones a los promotores de viviendas de protección oficial de régimen especial de alquiler.
Para este primer trimestre de de 1997, el Gobierno ha decidido elaborar medias "para fomentar el consumo privado y garantizar los derechos de los consumidores". Entre estas medidas "para dinamizar la economía y fomentar el consumo familiar", Rodríguez citó la agilización de la compra de los bienes muebles -favoreciendo las compras a plazos-, la demanda de bienes inmuebles en régimen de multipropiedad, garantizar los derechos de los consumidores en los contratos en masa y la inminente aprobación, del Estatuto del Contribuyente.
