Los sindicatos llaman al incumplimiento de los servicios en aeropuertos y enseñanza

La guerra de cifras sobre la huelga a la que hoy están convocados dos millones de empleados públicos ha empezado antes de lo habitual. El Gobierno afirmaba ayer que será un fracaso, y los sindicatos que será un éxito. El propósito de las centrales es paralizar sobre todo los aeropuertos y la enseñanza -no se piensan cumplir los servicios mínimos- y dejar patente su protesta en las calles con multitud de manifestaciones. Con esta huelga, los funcionarios miden su fuerza para un largo pulso con el Gobierno. De momento, los sindicatos tienen preparado un nuevo plan de movilizaciones entre enero y junio de 1997, que llevarán a cabo si el Ejecutivo no modifica la congelación de sus salarios.

La huelga de 24 horas en la función pública prevé paralizar hoy la Administración, la sanidad -salvo las urgencias-, la enseñanza, los aeropuertos, la justicia, Correos, las televisiones, y los servicios de atención al público en Seguridad Social, Inem, ayuntamientos y Hacienda. Se van a cumplir los servicios mínimos que han sido pactados y aquéllos que los sindicatos creen que tienen carácter esencial para la comunidad como la actividad normal de los bomberos o la atención de la prisiones. En el resto, habrá de todo: incumplimientos, recursos ante los jueces y respeto escrupuloso. Donde previsiblemente no se apliquen los decretos será en Aeropuertos Nacionales; los controladores y el resto del personal de mantenimiento de sistemas, bomberos, balizamiento y señales de aparcamiento de aviones rechazan unos mínimos que obligan a trabajar al 80% de la plantilla de una jornada normal.En la enseñanza tampoco ha habido acuerdo y CC OO y UGT creen que no es necesario más personal que en un domingo o festivo. Ayer hacían un llamamiento a los padres para que no lleven a sus hijos al colegio.

La tercera congelación

Los dirigentes de los sindicatos de funcionarios están convencidos de que la huelga de hoy va a tener un masivo respaldo de los empleados públicos. En las asambleas han detectado un rechazo generalizado a la decisión adoptada por el Gobierno del Partido Popular en los Presupuestos de 1997, y con la que pretende ahorrar 200.000 millones de pesetas en aras de la convergencia comunitaria.. Se trata de la tercera congelación salarial que sufren los funcionarios en sus bolsillos tras las de 1993 y 1994, aplicadas por el Gabinete socialista.Ahora el pulso será más largo y contundente. Carlos Sánchez y Julio Lacuerda, secretarios generales de las federaciones de servicios públicos de CC OO y UGT, han advertido claramente al Gobierno que "el conflicto puede prolongarse todo lo que dure la legislatura". Incluso prevén que se puede radicalizar más si el PP no rectifica su decisión e incumple los acuerdos firmados con la anterior administración.

La huelga de hoy no va a cerrar las protestas. Si no se atienden sus demandas, y no se abre una negociación real, las centrales pondrán en marcha un nuevo plan de movilizaciones de seis meses, a partir de enero y hasta junio. Lo único que falta son la fechas. Tienen previsto llevar a cabo protestas permanentes; y cada semana -previsiblemente los jueves, la víspera de los Consejos de Ministros- promoverán huelgas sectoriales, concentraciones o manifestaciones.

El Gobierno mientras afronta el conflicto con "mucha tranquilidad". Al menos eso afirma el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, quien ayer pedía a los sindicatos que midan la consecuencias de la huelga, porque él cree que no están "muy animados" a secundarla. Este conflicto ha sido el detonante de un cruce de acusaciones entre el PSOE y el Partido Popular. Desde el PP, Luis de Grandes, portavoz en el Congreso, criticó al PSOE por "azuzar a miembros destacados de su partido para que inciten a la huelga". Y la respuesta de Joaquín Almunia, portavoz del grupo parlamentario del PSOE, fue ésta: "El señor Aznar ve fantasmas, ya que el PSOE ni ha organizado ni dirige ni está al frente de las movilizaciones de funcionarios".

Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, se distanció de ambos y aseguró que la huelga es "legítima" y no debe "criminalizarse", aunque consideró que el Gobierno debe mantener el Presupuesto de 1997 con la congelación salarial prevista. Y Julio Anguita, coordinador de Izquierda Unida, adivinó los planes de los sindicatos al advertirles que con la huelga de hoy no será suficiente para forzar al Gobierno a rectificar su política económica. "Nosotros la apoyamos porque nos parece justísima, pero lanzamos como reflexión que cuando se va a una huelga hay que saber calibrar qué pasará el día después. Hace falta una movilización más amplia y continuada porque hay que ganar", señaló.