"No se precisan 'manos limpias'"

El ministro de Justicia, Elías Hasan, sostiene que en Argentina no existe corrupción estructural "lo que no quiere decir que no haya actos de corrupción individual". "Por eso", subraya, "no se precisa de ningún manu pulite [manos limpias, la operación de la justicia italiana contra la corrupción], ni nada por el estilo".
La privatización de las grandes empresas públicas emprendida hace cinco años por el Gobierno argentino, uno de cuyos efectos fue mejorar su funcionamiento y asestar un duro golpe a la corrupción institucionalizada, redujo el problema, pero no acabó con él. Como una hidra, la corrupción se reproduce, reviste nuevas formas y, de alguna manera, creó cultura porque se sustenta en comportamientos muy antiguos.
La acumulación de denuncias, y la trascendencia de algunas, confirman la persistencia de focos serios en ventanillas de la Administración, en la ejecución de operaciones bancarias, o en la relación con inversores extranjeros dispuestos al pago de comisiones para no perder negocios, o simplemente para establecerlos. También se han detectado delitos en recientes compras del Estado: el más sonado fue el contrato de 32.000 millones de pesetas para informatizar el Banco Nación, asignado a IBM en un protestado proceso y después de haberse repartido ilegalmente más 3.800 millones de pesetas entre ejecutivos y proveedores, según el juzgado al cargo.
Por otra parte, el ministro del Interior, Carlos Corach, atacaba este viernes a Cavallo, uno de cuyos amigos fue director del banco. También anunciaba más tecnócratas procesados: "Nadie va a venir a enseñar de qué manera se combate la corrupción. Cuando terminen los procesos judiciales veremos cuántos dirigentes políticos están comprometidos y cuántos tecnócratas. Vamos a hacer el balance y los políticos van a estar en absoluta minoría".
Y en tanto, prosiguen las discrepancias, procesaron a un empresario de la construcción acusado de haber regalado al juez Francisco Trovato un camisero de 2.413.000 pesetas para lograr parar una causa contra su empresa, implicada en la muerte accidental de una niña de cinco años.
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