Propiedades en Cuba

¿TRAFICA SU empresa con propiedades que hace años fueron expropiadas en Cuba a ciudadanos o entidades estadounidenses? Si es así, y si su hijo acude a un curso este verano en Estados Unidos, se puede encontrar con la sorpresa de ver denegada la entrada al país. Sería, desde luego, un caso extremo, pero posible, de aplicación de la ley Helms-Burton, que entró en vigor en Estados Unidos el pasado mes de marzo. La ley introduce un principio de extraterritorialidad por el cual Washington se otorga a sí mismo la capacidad de interferir en las relaciones entre Estados soberanos, como Cuba y España, contraviniendo las reglas que regulan el comercio internacional, entre ellas el GATT o el propio Tratado de Libre Comercio norteamericano. Para disipar dudas sobre sus disposiciones e intenciones, una delegación oficial estadounidense ha realizado una gira por Europa.Esta ley permite que los nacionales de EE UU, incluidos los cubanos nacionalizados en ese país, emprendan acciones judiciales ante los tribunales estadounidenses contra empresas o individuos de cualquier país que trafiquen con bienes expropiados por el régimen cubano tras la revolución y reivindicados por un nacional de EE UU. Aunque el presidente estadounidense tiene a partir del 15 de julio la posibilidad semestral de suspender la aplicación de esta disposición, no es éste el caso con otras medidas, como la facultad de que el Departamento de Estado, de acuerdo con el fiscal general, excluya o prohíba la entrada en EE UU a ejecutivos, accionistas con control, familiares -esposos e hijos menores- o agentes de empresas que se hayan lucrado con propiedades confiscadas en Cuba a Estados Unidos, por mucho que no haya en Cuba propiedades estadounidenses. La Administración norteamericana se propone establecer la lista negra de los afectados para este verano.

El objetivo de la ley es hacer más efectivo el embargo contra el régimen castrista. Se trata de disuadir inversiones extranjeras en la isla mediante el aumento de la inseguridad jurídica y la posibilidad de represalias en EE UU. España, uno de los principales inversores en Cuba, podría verse perjudicada en inversiones, ya realizadas o en proyecto, en diversos sectores, y muy principalmente en el hotelero.

La ley, tras claras resistencias por parte del Ejecutivo de Clinton, se aprobó en un clima enrarecido por el derribo en febrero de dos aviones civiles que, según Cuba, habían penetrado ilegalmente en su espacio aéreo. Este es, por otra parte, año electoral en EE UU y Clinton busca votos y apoyo en Estados como Florida, donde se concentra el exilio cubano.

Independientemente de las consideraciones que un país pueda hacer sobre la evolución del régimen castrista, defenderse contra esta ley es imperativo para proteger los intereses españoles, europeos e internacionales no sólo en Cuba, sino también en otras partes. La Cámara de Representantes está dando pasos similares respecto a Libia -donde España tiene también importantes inversiones en el sector energético- o Irán.

Recurrir a la Organización Mundial de Comercio es un primer paso, pero quizá no baste. Alemania ha amenazado con represalias desde la Unión Europea a Estados Unidos si su comercio se ve afectado. España necesita reforzar con mejores instrumentos jurídicos internacionales sus defensas ante situaciones de este tipo. Esta ley vacía parcialmente de contenido la Agenda Transatlántica suscrita durante la presidencia española de la UE.