Contra HB, la ley

UNA COSA es opinar y otra amenazar; una cosa es la libre expresión de unas ideas y otra ampararse en la libertad de expresión para cometer delitos como instar al asesinato o justificar los crímenes de los terroristas; una cosa es defender un programa en un mitin y otra "ceder la voz a ETA" en un vídeo apologético de la violencia. El Gobierno ha apremiado al fiscal general a actuar contra HB, la cara legal de ETA, por colaboración con banda armada y asociación ilícita. Por su parte, el juez Garzón ha citado como imputado a Jon Idígoras, representante legal de HB, en relación al vídeo que ese partido pretendía incluir en sus mítines y espacios electorales. Pensamos que no debe haber bulas para nadie. Por eso, y con independencia de cuál sea su destino en la vía judicial, consideramos acertadas esas iniciativas.Sobre todo, porque van claramente en el sentido de acabar con la excepcionalidad de hecho de que viene disfrutando el entorno de ETA. Ahora que tiende a admitirse que el problema principal de la democracia española es la impunidad de ETA y alrededores, el estado de excepción a que tienen sometida a la población vasca, lo más urgente es acabar con cualquier sensación de pasividad por parte de las instituciones frente a ese desafío permanente a la legalidad, al Estado democrático y a los derechos de los ciudadanos. Los abogados de HB alegarán lo que consideren oportuno ante los tribunales: si no es cierto que estaban amparando o justificando a ETA, o colaborando con sus pistoleros frente a los ertzainas que intentaban detenerlos, o defendiendo la utilidad del recurso a atentados sangrientos, que lo digan así, en voz alta, ante el tribunal. Y si, como acostumbran, no se presentan a declarar, que sean detenidos y llevados ante los jueces. Y que declaren con todas las garantías que el Estado de derecho ofrece a los ciudadanos. Si el resultado es o no la disolución -que no ilegalización- de HB, es algo que deberán dilucidar los tribunales. Pero lo que no es posible es aplazar una vez más, por temor o en nombre de discutibles argumentos de oportunidad, el sometimiento a la ley que rige para los demás ciudadanos de las personas cuya responsabilidad en delitos concretos se acredite.