El ex alcalde de Soto, ante la juez por los disturbios en las obras de la cárcel

"La única y máxima autoridad en ese momento era yo, y lo que se hacía allí era defender un acto administrativo, como era el precinto de unas obras ilegales". Ésta es la declaración que hizo ayer el ex alcalde del CDS de Soto del Real (3.500 habitantes) Eladio Navarro ante la juez de primera instancia de Colmenar Viejo, Encarnación Pérez, por los incidentes acaecidos el 12 de noviembre de 1992 a pie de obra del centro penitenciario Madrid IV.En aquella fecha, Navarro, acompañado del alcalde de Miraflores de la Sierra (3.200 habitantes), José Miguel Llorente; del de Manzanares del Real (3.000 habitantes), José Manuel Ruiz; de varios concejales, y de cerca de medio centenar de vecinos, se presentaron en las obras de la cárcel para defender el decreto municipal de paralización de las obras que ellos consideraban ilegales por desarrrollarse en un paraje natural y carecer de las preceptivas licencias municipales.

En medio de un ambiente tenso, en el que no faltaron zarandeos, la situación desembocó en la detención de 21 personas -tres alcaldes, tres concejales, cinco policías municipales de Soto, nueve vecinos y un periodista-, que fueron trasladadas a las dependencias de la 112ª Comandancia deja Guardia Civil de Tres Cantos (24.500 habitantes). Todas ellas han sido llamadas a declarar en calidad de imputados tras la denuncia interpuesta por la Guardia Civil por un presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.

Máxima autoridad

"Ésta es una situación esperpéntica, porque lo único que hice fue defender como alcalde un decreto, y si éste no hubiera sido correcto, que un juez lo dijera y allí no habría pasado nada", comentó ayer el ex primer edil. A su juicio, además, no hubo ningún tipo de resistencia a los agentes de las fuerzas del orden, "porque yo era la máxima autoridad y todos me debían obedecer a mí".Junto a Eladio Navarro también prestaron ayer declaración los cinco policías municipales imputados, María José Cifuentes, Francisco de Sales Hernández, Jesús María Martin, Isabel Aveleira y Raimundo Luna, jefe de la Policía Local. Todos ellos coincidieron en sus declaraciones al afirmar que estaban allí no para impedir el acceso a la finca, donde se construía el centro penitenciario, sino para custodiar un precinto, y estaban a las órdenes de su entonces alcalde.