Dos, estudiantes estafan 22 millones grabando tarjetas de crédito en los cajeros,

Dos años de cárcel y una multa de un millón de pesetas, además de devolver lo estafado. Así ha terminado la aventura de dos estudiantes de Barcelona, autores de un ingenioso sistema de falsificar tarjetas de crédito que les permitió, estafar más de 22 millones de pesetas a La Caixa.

Francisco Carlos Mandianes, de 27 años, estudiante de Física, y Pedro García Ramírez, de 29 y estudiante de Farmacia, aceptaron ayer la pena de un año de prisión por un delito continuado de falsificación de documento mercantil y otro año por robo con fuerza, en el juicio celebrado en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona. La vista duró apenas 20 minutos, pues los dos acusados reconocieron su culpabilidad y llegaron a un acuerdo con la entidad bancaria por el cual se comprometen a indemnizarla con un millón de pesetas y a pagarle los 5,8 millones que la policía no' recupero de los 22 millones que habían sustraído. El fiscal pedía una pena de seis años de prisión.La estafa se produjo en un breve lapso de tiempo, entre los días 12 y 15 de abril del año pasado, aunque la preparación había sido laboriosa. Los dos estudiantes instalaron en diversos cajeros automáticos de La Caixa dos cámaras de vídeo ocultas tras los carteles de pro aganda instalados por la entidád.

Con una de las cámaras grababan el número de identificación de la tarjeta y la fecha de caducidad en el momento en que era introducida por la ranura. Con la otra grababan el número secreto que el cliente tecleaba en la pantalla para acceder a su cuenta. Posteriormente grabaren estos datos en diferentes-tarjetas que poseían. Para llevar a cabo la estafa habían adquirido a una empresa especializada un total de 3.560 tarjetas de banda magnética.

571 operaciones

En el momento de ser detenidos por la policía, en abril de 1995 los dos estudiantes habían efectuado 571 operaciones a través de los cajeros automáticos con las tarjetas previamente falsificadas. El abogado de la acusación, Emilio Zegrí, indicó que el acuerdo con los acusados era la solución más sensata,b ya que el delito informático no está penalizado como tal en el Código Penal vigente, aunque sí lo está en la reforma aprobada recientemente, que entrará en vigor a finales de mayo próximo.