La Audiencia Nacional solicita otra sección de lo penal

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha reclamado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la creación de una cuarta sección para la sala de lo penal. La Audiencia adoptó el acuerdo el martes por unanimidad, y a continuación remitió al CGPJ un informe elaborado por el presidente de la Sala de lo Penal, Siro García, en el que justificaba la petición en la prolongada duración de los juicios que desde hace tiempo sé celebran en el citado organismo.Según el informe, las vistas de los procesos raramente duran menos de cuatro horas, y no es insólito que se superen las 40 horas. El aumento en la duración de los juicios obedece al incremento en el número de acusados por causa -macroprocesos en casos de droga o el síndrome tóxico-, a la utilización de intérpretes de euskera y otros idiomas y, sobre todo, al número de testigos propuestos.

Ello ha llevado a las secciones primera y segunda a señalar juicios para abril de 1996, lo que, según el informe, "parece difícilmente compatible con el derecho al proceso sin dilaciones indebidas que reconoce el artículo 24 de la Constitución". Además, los magistrados, antes o después de las vistas de juicios, extradiciones. y recursos de apelación, disponen de escaso tiempo para deliberaciones, redacción de resoluciones y atención a los restantes asuntos procesales y gubernativos.

Saturación

El informe destaca que no parece que la saturación vaya a desaparecer a corto plazo, ya que están pendientes de celebrarse procesos de gran envergadura, muchos de ellos relacionados con operaciones contra el narcotráfico y otros relativos a delitos económicos como PSV, facturas falsas del IVA, cesiones de crédito del Banco Santander, Inverbroker, KIO o caso Banesto.No obstante, el informe defiende la necesidad de mantener y ampliar un órgano jurisdiccional con competencia en todo el Estado para delitos cometidos por miembros de organizaciones o desarrollados en más de una comunidad autónoma. Además es necesaria la concentración de recursos para la investigación de los más graves delitos económicos.