El juez del 'caso PSV' ratifica el convenio de acreedores

El juez José Antonio Enrech, titular del Juzgado de Primera Instancia número 63 de Madrid encargado de la suspensión de pagos de PSV, ratificó hoy que el convenio de acreedores presentado por los responsables de la cooperativa cuenta con el respaldo suficiente para proceder al levantamiento de la suspensión de pagos.

Ahora existe un plazo legal de ocho días naturales para presentar impugnaciones por parte de los acreedores. En casó de que no haya ninguna, el juez Enrech dictará un auto para levantar la suspensión de pagos de la cooperativa, informaron fuentes judiciales. Más de dos tercios de los acreedores de PSV, según contempla la Ley de Suspensión de Pagos, están dispuestos a firmar el convenio de quita y espera para cobrar sus deudas con la cooperativa de viviendas.

Si no se producen impugnaciones, la suspensión de pagos se podrá levantar la próxima semana, con lo que se eliminarían las cautelas derivadas de la intervención judicial y la sociedad entraría en una fase de normalidad. En el caso de que se presenten impugnaciones, el levantamiento de la suspensión se demoraría hasta que los jueces dictaminaran al respecto. Durante ese tiempo, la intervención judicial permanecería al frente de IGS-PSV.

La fórmula de pago a los acreedores se realizará mediante la liquidación ordenada de IGS y de PSV. Con el resultado de la misma (realización de activos, deuda generada por las diversas promociones separadas y derrama que deben aportar los cooperativista) se hará frente al pago de los acreedores.

El convenio liquidatorio en IGS prevé la acción en pago del conjunto de los bienes de la entidad a los acreedores. En PSV, sin embargo, hay un convenio de quita y espera; se prevé una quita del 25 por ciento y un periodo de cumplimiento en torno seis años, para dar tiempo a que se produzca la liquidación de los bienes de IGS (de la que PSV es la principal acreedora), y para percibir todos los saldos y derramas que los cooperativistas separados deben a PSV.