El Tribunal Vasco de Cuentas encarga a empresas privadas la fiscalización del gasto público

Algunas de las fiscalizaciones firmadas por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, TVCP, y presentadas al Parlamento autónomo como propias -ocho en los dos últimos años- han sido realizadas de principio a fin por empresas privadas. Las adjudicaciones de esos informes a empresas americanas, británicas y nacionales durante los años 93 y 94 han ascendido a 48 millones de pesetas; en 1995 podrían superar los diez. "Nosotros jamás lo hemos hecho y no hay ninguna intención de que las empresas privadas hurguen en las cuentas públicas", indicó un portavoz acreditado del Tribunal de Cuentas del Estado.Algunos de esos informes han sido, además, muy polémicos, enfrentando en agrias discusiones al tribunal y a miembros del Partido Nacionalista Vasco, en el que también milita el presidente del TVC Juan Luis Laskurain. La ley de creación del TVC lo define como el "supremo órgano fiscalizador de las actividades económico financieras y contables del sector público", y en el título dos de la ley cita que el tribunal "se valdrá preferentemente de su propio personal salvo cuando la necesidad de conocimientos técnicos específicos requiera el recurso a expertos ajenos, expresamente habilitados".

Los recientes informes de la televisión vasca (gestión de recursos y contratación de programas 1993) y el de Alimentación Pública Hospitalaria (1992) fueron adjudicados a Arthur Andersen por 14,2 millones, y a Ernest and Young por 7,75 millones, respectivamente. Esos dos informes, junto a las fiscalizaciones de las cuentas de 1992 de los ayuntamientos de Portugalete y Abanto y Ciérbana, completan un total de 25,58 millones de pesetas en estudios externos. En total cuatro de los 39 informes que completaban el plan de trabajo del TVC en 1993.

Más plantilla

Un portavoz de la institución vasca justifica estas actuaciones como una forma de cumplir los planes de trabajo, que con el personal propio sería imposible de realizar. En 1993 el TVC tenía ocho altos cargos y 39 personas más en toda la escala de auditores. Su plantilla en 1995 es de 76, de los que 28 no realizan labores de fiscalización. "Los informes son completados por el propio tribunal", declaró el portavoz, "si se considera necesario".

El Tribunal de Cuentas del Estado sostiene, sin embargo, que la actividad pública debe ser fiscalizada por el propio tribunal, habilitado de forma específica por el Parlamento para esa función. Un portavoz del mismo declaró ayer que "no hay ninguna intención de que las empresas privadas analicen las cuentas públicas. En todo caso", aclaró, "se puede hacer una consulta".

En 1994 los informes externos adjudicados fueron cuatro, de los 22 planificados. El más caro, 10 millones, lo consiguió Coopers and Lybrand, que analiza las subvenciones de industria, investigación y desarrollo y la máquina herramienta. Zubizarreta Auditores estudia 48 ayuntamientos por cinco millones de pesetas. En total 22,2 millones de pesetas. Las partidas presupuestarias que recogió este tipo de gastos en 1992 fue de 43,1 millones. Todos los encargos fueron adjudicados en concursos públicos.