El PSOE legisla desde el banquillo del acusado, según Jueces para la Democracia

La asociación progresista Jueces para la Democracia criticó ayer al Grupo Socialista por legislar desde el banquillo" de los acusados, en alusión a la propuesta del presidente de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, Javier Sáenz Cosculluela, de atribuir a los fiscales la instrucción de los procedimientos penales, arrebatando dicha facultad a los jueces de instrucción.Edmundo Rodríguez Achútegui, de Jueces para la Democracia, afirmó que tanto la propuesta de Cosculluela, difundida ayer por EL PAÍS, como la reciente reforma de la prisión preventiva, que impide a los jueces encarcelar salvo a petición de parte, son consecuencia "de la urgencia y de la intranquilidad que provocan las investigaciones que implican a ex altos cargos de Interior".

Para la asociación de jueces, la reforma que impulsa Cosculluela "es inaceptable, mientras no se garantice absolutamente la independencia del Ministerio Fiscal en las investigaciones", ya que el actual estatuto de la fiscalía, "inspirado en los principios de unidad y dependencia jerárquica, impide garantizar la independencia que, pese a las presiones, caracteriza a la judicatura".

En su opinión, si se han instruido numerosos casos de corrupción y sí se está investigando la utilización de fondos públicos para financiar grupos terroristas es porque los jueces han actuado con profesionalidad e independencia, tratando de esclarecer los hechos, pese a las dificultadades.

El hecho de que el fiscal general del Estado sea nombrado por el Gobierno no contribuye a su imagen de independencia, según Rodríguez Achútegui, quien recuerda que "España no es Italia, donde los fiscales están integrados en la Magistratura y dirigen las investigaciones con la misma independencia que los jueces".Propuesta "imposible"

Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Valencia, Enrique Beltrán, dijo ayer que, en las actuales circunstancias, la reforma impulsada por 61 diputado socialista, aunque le parece "muy bien", resulta "imposible" de poner en práctica.

Asegura Beltrán que la propuesta supondría "coger la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 y echarla a la basura", ya que la labor de los jueces de instrucción "quedaría reducida a una décima parte de la que ahora tienen", al convertirse en meros "jueces de garantía" o "jueces de la instrucción", cuya dirección e impulso quedaría en manos del fiscal.

Sin embargo, advierte Beltrán, para asumir esta competencia el Ministerio Fiscal necesitaría 20 veces más locales y personal del que tiene, ya que lo contrario "sería pretender meter 10 litros de agua en una botella de litro".

Por otra parte, Angel Calderón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), declaró ayer a Europa Press que la propuesta de Sáenz de Cosculluela de que instruyan los fiscales "no está mal, aunque no es original", pero la calificó de "irrealizable" porque obligaría a modificar la Constitución.