El Gobierno regional dice que no es la prisión que pactó con el Ministerio de Justicia

El presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, reconoció ayer que la nueva cárcel de Soto del Real no es la que el Gobierno regional pactó en su día con el Ministerio de Justicia (véase EL PAÍS de ayer), a tenor de los nuevos datos sobre el número de presos. No obstante, afirmó que "el daño" que puede acarrear al ecosistema "es cero". Y sostiene que los pueblos de la zona se beneficiarán del. nuevo centro. "El ministerio les ha ofrecido cosas", aseguró.Por otra parte, los sindicatos de funcionarios de prisiones CSIF y Comisiones Obreras consideran que esta cárcel es "contraria a la ley penitenciaria y a sus principios de reinserción y humanización". Comisiones Obreras afirma que la prisión "es un verdadero monumento al cemento y al hormigón armado, donde se encierran miles de millones de pesetas en inútiles y costosísimos adelantos técnicos que nunca llegan a utilizarse". Este sindicato considera que la inauguración de esta cárcel "debería servir, como mínimo, para que el Parlamento aplicara una moratoria en la construcción de macrocárceles".

Por su lado, CSIF lamenta que la cárcel "no esté en consonancia con los más elementales principios criminológicos de la ley penitenciaria". Y se queja "de las extraordinarias medidas de seguridad" con que ha sido dotada, "incluida una torre apabullante, que hace innecesariamente llamativa su presencia".