'La Vanguardia', en el punto de mira

Cuando en noviembre de 1993 la policía descubrió una "red de escuchas ilegales" en el entorno de La Vanguardia, se levantó una gran polvareda. Se dijo que la red espiaba y grababa a ministros y a altas personalidades de la política, que peligraban secretos de Estado e incluso que podía haber delitos de coacción y cohecho. Anteriormente, para poder pinchar legalmente los teléfonos de la red, la policía había asegurado al juez Bueren, de la Audiencia Nacional, que se estaba ante un posible delito de terrorismo.Ahora, cuando el fiscal hace público su escrito de calificación, toda aquella polvareda de las escuchas telefónicas se resume en peticiones de penas de tres meses, de arresto. Sin embargo, la novedad es que aparece otro delito -en la modalidad de continuado y sobre el que en el transcurso de la instrucción ni el juez ni el fiscal mostraron mayor interés- de falsificación en documento mercantil.

Lo grave ahora ya no es la "red de escuchas ilegales", sino que se pagara a dicha red a través de unos documentos mercantiles -vulgarmente, facturas-, fiscal y mercantilmente en orden, en los que el concepto que se alegaba no se correspondía con el servicio prestado. ( ... )

Hoy, como hace quince meses, La Vanguardia quiere proclamar bien alto que ni su editor ni ninguna persona de su entorno o de esta empresa infringió la ley. ( ... )

, 17 de febrero