El Parlamento Europeo aplaza a enero la elección de Defensor del Pueblo

El Parlamento Europeo coronó ayer cinco meses de reiterados fracasos en sus sucesivos intentos de elegir el Defensor del Pueblo europeo, una nueva figura establecida en el Tratado de Maastricht. El pleno, reunido en Estrasburgo, decidió abrir un nuevo procedimiento a partir del mes de enero, que incluye la libre presentación de candidaturas de los -para entonces- quince miembros de la Unión Europea (UE). Esta decisión se tornó a instancias del presidente de la cámara, Klaus Hänsch, tras haberse reunido con los presidentes de los distintos grupos.Pauline Green, líder del Grupo Socialista -el que más había destacado en la defensa del candidato independiente español, Álvaro Gil-Robles-, se manifestó también en favor de un nuevo procedimiento. Eso implica hacer tabla rasa de las votaciones registradas en la Comisión de Peticiones, en las que Gil-Robles empató con el democristiano alemán Siegbert Alber.
Green adelantó también, sus preferencias, al recalcar que el nuevo procedimiento permitirá la presentación de candidatos procedentes de países nórdicos, "al fin y al cabo, los inventores de la figura del ombudsman". Aparte de los nuevos socios de la UE, Finlandia y Suecia, está también Dinamarca, que podría aportar una figura de consenso. Aunque ninguna norma impide que se vuelvan a presentar las candidaturas de Gil-Robles y Alber, distintas fuentes coinciden en considerar que "son inviables, se les ha quemado políticamente".
La decisión de abrir nuevo procedimiento se tomó después de que los partidarios de reformar el reglamento de la Cámara (que obliga a la Comisión de Peticiones a presentar un sólo candidato), y elegir de inmediato entre Gil-Robles y Alber, perdieran la votación: 175 contra 257. Esa reforma dejaba el nombramiento al albur de un posible recurso.
El reiterado fracaso del Parlamento Europeo en este caso supone un golpe político a sus aspiraciones de obtener más competencias, pues ha sido incapaz de administrar con eficacia la más simbólica de las que se le atribuyeron desde el Tratado de la Unión. Y ha puesto también de relieve el alineamiento de los eurodiputados españoles con sus familias políticas europeas incluso en un asunto que afectaba a un interés español.
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