Las imputaciones son falsas, según la central

El secretario de finanzas de UGT, Sebastián Reyna, aseguró ayer a EL PAÍS que "Carlos Sotos decidió realizar una interpretación interesada de los hechos para intentar imputar la responsabilidad de la crisis de PSV a UGT". Según Reyna, tal interpretación y algunos datos aportados por Sotos son "radicalmente falsos"; por ejemplo, que Banesto amenazara con embargar la sede de UGT por el impago de la hipoteca.Lo que ocurrió, afirma el secretario de finanzas, es que UGT decidió enajenar sus empresas y vender el convento por los problemas financieros tras las elecciones sindicales de 1990. Entonces, y por iniciativa propia, Carlos Sotos le ofrece hacerse con estas empresas. El abogado de UGT, Leopoldo Torres, aportó ayer -durante la declaración de Sotos- un documento que respalda la versión de Reyna. En una carta a Nicolás Redondo, el 3 de diciembre de 1992, Sotos agradece al ex secretario general haber "podido efectuar [la gestión] con total autonomía", le demanda que UGT se implique más en el proyecto, le pide disculpas por las "decisiones" que le hayan podido afectar y pone su cargo a disposición de UGT.

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La propia central abundó ayer tarde en esta versión y su secretario general, Cándido Méndez, aseguró que no teme "las acusaciones de Carlos Sotos, porque los representantes de la UGT, en sus declaraciones ante el juez, se han atenido a la verdad". Según Méndez, "en PSV ha ha bido torpezas y errores de gestión", pero si hubieran "tenido algún indicio de irregularidades" se habrían "querellado contra Sotos".

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