Los inmigrantes 'Iegales' ya disfrutan de los servicios sociales de la Comunidad

Los cerca de 150.000 inmigrantes con permiso de trabajo y residencia de la región -la mitad, de países del Tercer Mundo- tienen ya acceso a todos los servicios sociales que presta la Comunidad. Muchos recibían estas prestaciones por cuestiones humanitarias, no como un derecho, a pesar de vivir y pagar impuestos en Madrid. Ahora, tras la reforma de la Ley de Servicios Sociales aprobada el 23 de junio por la Asamblea con la oposición del PP, pueden solicitar estas ayudas como cualquier madrileño. Aquellos en situación ilegal quedan fuera, salvo extrema necesidad.La consejera de Integración Social, Elena Vázquez, cree que la reforma es "el reconocimiento como derecho de una serie de atenciones que ya se venían prestando". Y no espera un aumento llamativo de la demanda de atención: "En las residencias para niños desamparados y en las escuelas infantiles ya teníamos población inmigrante; de ayuda a toxicómanos y a minusvalías no nos ha llegado ninguna petición; tampoco para residencias de ancianos

Las solicitudes para vivienda social estaban hasta hace un año supeditadas a la firma de tratados bilaterales entre el país del demandante y España, que dejaban fuera a los habitantes de países empobrecidos. Ahora, los inmigrantes podrán optar a pisos públicos, que dependen de la consejería de Política Territorial.

El mayor conflicto se crea con el salario social o IMI, una ayuda de 38.000 pesetas mensuales como apoyo para salir de la marginación. En este momento hay 500 familias que no han podido acceder a esta prestación por falta de fondos: la consejería no contaba con que se iba a producir una avalancha de personas sin problemas de integración que piden esta ayuda al agotar las prestaciones del desempleo. La situación financiera del IMI pone difícil el acceso de nuevos sectores. Pero la ley es clara: deben tener derecho a este programa si lo solicitan y cumplen los requisitos.

"Cuando comenzamos con el IMI, nos planteamos si había que extenderlo a los inmigrantes, yo pedí consejo a dos expertos, el delegado diocesano para inmigrantes, Antonio Martínez, y el antropólogo Carlos Giménez. Ambos me dijeron que no era preciso", explica Vázquez. El asunto está de nuevo en estudio.