Tres años de cárcel al funcionario que revele secretos

Si el nuevo Código Penal estuviera hoy en vigor, el ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, correría el riesgo de pasar tres años en la cárcel, no ya por delito fiscal sino por revelar secretos que ha conocido por su cargo. El Gobierno propone que las autoridades o funcionarios que revelen informaciones que no deben ser divulgadas sean castigados con multa de 72.000 pesetas a 108.000 pesetas o de 18 a 27 millones de pesetas, según la diferente situación económica del condenado, a criterio del juez o tribunal.La pena llevará aparejada la inhabilitación especial para cargo público por espacio de uno a tres años. Si de la revelación se deriva un grave daño público o privado, el castigo propuesto es de prisión, de uno a tres años, e inhabilitación especial por un período de tres a cinco años.

Asimismo, si el Código estuviera hoy aprobado, el ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio estaría expuesto a volver a la cárcel y a permanecer entre rejas de uno a seis anos. El proyecto ahora presentado prevé esas penas para la autoridad o funcionario que haga uso de secretos o información privilegiada y obtenga de ello un beneficio para sí o para un tercero.

El anteproyecto define como información privilegiada toda aquella "de carácter concreto que se tenga exclusivamente por razón del oficio o cargo público y que no haya sido notificada, publicada o divulgada".

Los ciudadanos particulares que se aprovechen de secretos o de información privilegiada facilitada por cargos públicos se, expondrán a las mismas penas de multa y de prisión.

Corrupto arrepentido

El Código incluye la figura del corrupto arrepentido, pero establece unas condiciones muy precisas para que puedan acogerse a sus beneficios los particulares que, por ejemplo, hayan pagado comisiones por la obtención de contratos públicos. Tendrán que ser personas que no hayan incurrido habitualmente en ese tipo de corruptelas y que denuncien los hechos antes de que transcurran diez días, y antes de que se haya abierto una investigación.

Los mediadores en el tráfico de influencias quedarán también sujetos a castigo. "Los que, ofreciendo hacer uso de influencias cerca de las autoridades o funcionarios públicos, solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración o aceptaren ofrecimiento o promesa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año".

Los jueces podrán, en caso de mantenerse tal cual el articulado del nuevo Código Penal, suspender las actividades de la sociedad, empresa, organización o despacho involucradas en el tráfico de influencias. Incluso podrán quedar clausuradas, por un plazo de seis meses a tres años, las dependencias que tengan abiertas al público esas sociedades o despachos.

Con el nuevo Código, cualquier ciudadano que sea requerido por una comisión de investigación parlamentaria tendrá la obligación de comparecer, so pena de incurrir en un delito de desobediencia. Si el convocado es un funcionario, podrá ser suspendido de empleo de seis meses a dos años.

Las mismas penas serán aplicadas a los funcionarios que obstaculicen una investigación del Defensor del Pueblo, bien por negarse a enviar los informes que el Defensor le solicite o por dificultar el acceso a expedientes o documentación necesaria para la investigación.