Jueces para la Democracia exige a Befloch el control judicial de la policía

La dirección de Jueces para la Democracia expresó ayer su "desacuerdo" con la fusión de Justicia e Interior y exigió al titular de este departamento, Juan Alberto Be lloch, un catálogo de prioridades, entre ellas la renovación de la cúpula policial, la creación de una auténtica policía judicial inamovible y únicamente dependiente de jueces y tribunales, y el relevo del fiscal del Estado, Eligio Hemández, que "no goza de la necesaria imagen de imparcialidad y credibilidad".Tras una tensa reunión del secretariado entre las posiciones más proclives a Belloch y su equipo y las más críticas, compareció ante los periodistas el portavoz, Cándido Conde-Pumpido Tourón, acompañado de José Ricardo de Prada, para mostrar "el desacuerdo con la fusión de Interior y Justicia y con el carácter precipitado y coyuntural de la decisión".

Conde-Pumpido aseguró que "una justicia independiente exige una investigación judicial sin injerencias del Ejecutivo", por lo que es necesario, dijo, que la policía no siga dependiendo de sus mandos naturales ni supeditando a las necesidades del servicio su función investigadora a las órdenes del poder judicial". Como notas de esa policía judicial pidió para sus miembros "inamovilidad, dedicación exclusiva y dependencia efectiva de jueces y tribunales y, como institución, no del Ministerio Fiscal, sino del Consejo General del Poder Judicial". Pidió también "una renovación profunda de la cúpula policial", y dio a Belloch 100 días para acometerla.

Respecto a otras funciones del superministro, Conde-Pumpido estimó necesario "sujetar a los cuerpos de seguridad al principio de legalidad y controlar los fondos reservados, cuya finalidad contra el terrorismo o el narcotráfico no puede justificar la vulneración de los derechos humanos ni el enriquecimiento personal". Jueces para la Democracia es "contraria a la excarcelación de José Amedo y Michel Domínguez, bien por la vía de indulto o de tercer grado penitenciario", y considera que "el impulso de los derechos humanos no es compatible con una cierta tibieza en el caso Amedo".