El juez ordena el desalojo de los 'okupas' más veteranos

El centro social Minuesa, en la calle Ronda de Toledo, 24, de Arganzuela, es el punto de referencia más sólido del movimiento okupa madrileño, porque ha marcado pautas y porque es el más antiguo. Esta okupación, que data del otoño de 1988, convirtió una imprenta cerrada tres meses antes en un centro cultural de la izquierda extraparlamentaria y de los movimientos alternativos (antimilitaristas, feministas, antirracistas).

Pero los días de Minuesa están contados. El inmueble, incluido en el proyecto urbanístico de Las Américas, vale muchos millones. En el solar está prevista la construcción de 183 viviendas de lujo y su actual propietaria, la empresa Corporación Financiera Diversificada, ha conseguido que el Juzgado de Primera Instancia número 45 autorice su desalojo el próximo miércoles. Sin embargo, los okupas han recurrido la orden y la juez que lleva el caso tomará una decisión definitiva antes de su ejecución.

En Minuesa viven unos 40 jóvenes entre los veinte y los treinta años; pero, además, en la nave industrial organizan talleres de serigrafía, gimnasia o pintura; conferencias y conciertos de rock, flamenco y de grupos cañeros. También regentan un comedor vegetariano, donde todos los días almuerzan medio centenar de personas a precios que no superan las 500 pesetas.

Sus habitantes han empezado ya a moverse para impedir el desalojo. El equipo de abogados que les apoya ha solicitado al juez que suspenda el desahucio.

El recurso presentado se basa en que la orden de lanzamiento que han recibido dicta la expulsión de "cuantas personas, muebles y enseres existan en la casa", cuando los demandados por ocupación ilegal son 17 de sus 40 habitantes. Se da el caso de que en el edificio viven también nueve inquilinos "de toda la vida", algunos de ellos con contratos únicamente verbales. Son gente mayor, totalmente ajena al movimiento okupa.

Derecho de posesión

Pero la principal razón por la que los letrados que los defienden han pedido que se suspenda el desalojo es porque, según su criterio, el desahucio entra en contradicción con una sentencia anterior del Juzgado número 41,que, en el verano de 1993, reconoció a los okupas "la posesión pacífica del inmueble" (posesión significa uso o disfrute de un bien, no propiedad). La citada sentencia está recurrida por la inmobiliaria dueña del edificio ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.Los habitantes de Minuesa y sus abogados creen, y así se lo han hecho saber a la juez que lleva el caso, que "si un juzgado reconoce los derechos de posesión de unas personas sobre una finca durante ocho años, otro no puede desalojarles sin que haya negociación alguna porque les causaría un grave perjuicio".

Los habitantes de Minuesa aseguran que optarán "por la resistencia pasiva". "Luchamos por una forma de vida, no sólo por una vivienda", afirman.