Greenpeace impulsa la primera ley de iniciativa ciudadana

La organización ecologista internacional Greenpeace no sólo navega en defensa de las ballenas o se arroja al mar para interceptar los vertidos radiactivos. Su última actuación, de un carácter menos aventurero y netamente de secano, es el impulso de una ley de iniciativa popular, mediante la recogida de 50.000 firmas, para prohibir la incineración de residuos tóxicos y de residuos sólidos urbanos en toda la Comunidad de Madrid. Será la primera ley de iniciativa popular que tramite el parlamento regional constituido en 1983 si, conforme al reglamento de la Cámara, los grupos políticos la admiten. Los ecologistas entregarán hoy al presidente de la Asamblea, Pedro Díez Olazábal, las firmas recogidas a lo largo de una campaña de varios meses. Esta campaña impulsa una Proposición de Ley que afectará, sobré todo, a la entrada en funcionamiento de la incineradora de Valdemingómez que el Ayuntamiento de Madrid está construyendo actualmente. El texto legal propone, como alternativa, "la reducción en origen de la cantidad de residuos" generados por los madrileños. La entrega tendrá lugar en la sede de la Asamblea a las 12.30 horas.

Pedro Díez Olazabal desconocía ayer si en el acto se le hará entrega de las 50.000 firmas o si será sólo un acto testimonial, pero aseguró que esta sería la primera vez que se hace uso de la Ley de Iniciativa Popular, aprobada el 25 de Junio de 1986. "Todo lo que sea fomentar la participación ciudadana es positivo y el que haya entidades y asociaciones que utilicen el mecanismo legislativo que existe aún más, independientemente del fondo de la ley", dijo. Serán los diputados los que decidan en un plazo inferior a 15 días si procede o no la tramitación de la ley.