El juez ordena que los guardias civiles que torturaron a Linaza cumplan su condena

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Vizcaya ha ordenado que se ejecute la sentencia por la que se condenó hace cuatro años a nueve guardias civiles por un delito de torturas a Tomás Linaza, padre de un presunto etarra, en 1981.En el auto, los magistrados rechazan la suspensión cautelar de las condenas, solicitada por la defensa con el argumento de el Ministerio de Justicia estaba estudiando una petición de indulto para los nueve inculpados.

En el auto se señala que, en un Estado de derecho, "no tiene sentido que los indultos se conviertan en un instrumento en manos del Ejecutivo que le permita asegurar impunidades, saltándose las resoluciones adoptadas por la Justicia". El auto señala también que en los sistemas democráticos el derecho al indulto ha de restringirse, reservándose para casos puntuales, ya que "las leyes son cada vez más respetuosas con los derechos fundamentales".

Los condenados, según destaca el auto, "jamás se sintieron apesadumbrados por los hechos ni expresaron su voluntad de actuar en el futuro conforme a los principios constitucionales. Los magistrados critican que del escrito de petición de indulto se deduce que su actuación "si no es justificable, al menos sí es comprensible".

Dos de los nueve agentes inculpados en el caso Linaza -Alfredo Serrano Pastor y Lucio de Sosa Robledo- fueron condenados a siete meses de arresto mayor y siete años y un día de inhabilitación especial por dos delitos de torturas. Los otros siete -entre ellos el teniente coronel Rafael Masa González- fueron condenados a seis años y un día de inhabilitación especial por no impedir los malos tratos.