El PP propone penas de cárcel más duras por escuchas ilegales

El Grupo Popular del Senado ha presentado una proposición de ley orgánica para endurecer el Código Penal en los delitos relacionados con las escuchas telefónicas. La proposición, que implica la reforma de artículos del Código Penal, considera que las penas actuales son demasiado suaves, lo que ha motivado "escasos efectos disuasorios y ha derivado en la proliferación de este tipo de escuchas en los últimos años".El Grupo Popular quiere penalizar también la difusión ¡legal del contenido de escuchas realizadas con autorización de los jueces. El ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, se ha mostrado en alguna ocasión favorable a endurecer en el Código las penas por escuchas ¡legales.

Los populares pretenden que los agentes o funcionarios que graben conversaciones telefónicas sin autorización judicial sean condenados de uno a cuatro años de cárcel y de seis a doce años de inhabilitación especial. Si la información obtenida se divulga, las penas se agravarían. El texto mantiene la propuesta de inhabilitación aunque la escucha se haya realizado con aval Judicial.

Las penas previstas si quien intercepta ¡legalmente una conversación es un ciudadano privado van de seis meses a dos años de cárcel y multas de 100.000 a 500.000 pesetas. La divulgación de las informaciones obtenidas ¡legalmente agrava las penas de cárcel a entre uno y tres años, y eleva las multas hasta un máximo de dos millones de pesetas. Si la escucha se ha realizado con autorización judicial, la revelación es castigada con prisión menor en su grado mínimo y multa de 50.000 a 200.000 pesetas.

Absoluta impunidad

El PP quiere además que se introduzca un nuevo tipo penal en el Código: la grabación y difusión de conversaciones orales no públicas. La propuesta no distingue el hecho de que quien grabe y difunda la conversación forme parte de la misma.La proposición de ley popular recalca en su exposición de motivos que el desarrollo del principio constitucional sobre el secreto de las comunicaciones "ha sido insuficiente" como demuestran hechos recientes. El texto subraya la "absoluta impunidad" de determinadas conductas "que atentan contra el derecho al honor y a la intimidad".