Valor y poca razón

HACEN FALTA razones muy fundadas -además de valor- para decidir la suspensión, por cuarta vez, de la vista del juicio sobre la catástrofe de la presa de Tous. Es un nuevo retraso en esta causa, que se ha convertido ya en paradigma de lo que nunca debe ser la justicia. El valor de los magistrados de la Audiencia de Valencia que han tomado la decisión está fuera de duda. ¿Lo están también sus razones? Creemos que no.El motivo alegado para decidir la nueva suspensión es procesalmente irreprochable: incorporar a la lista definitiva de damnificados a quienes, por unas u otras causas, habían quedado excluidos de la misma y que alcanzan la cifra de 11.000 personas. Pero esto tenía que haberse subsanado sin necesidad de suspender una vez más el juicio y provocar con ello un daño infinitamente mayor. Es cada vez más difícil hacer justicia en un asunto que clama por ella desde hace más de once años. Dejó tras de sí una trágica secuela de nueve muertos y daños materiales valorados en decenas de miles de millones de pesetas, que sumieron en la ruina a muchos de los 40.000 afectados habidos en las comarcas inundadas. Desde entonces se encuentran éstos en un vía crucis legal que ya parece una pesadilla.

El tribunal ha tomado su decisión por mayoría de dos de su miembros y en contra del parecer de un tercero. También contó con la rotunda oposición del ministerio fiscal y de todas las partes presentes en el proceso. Un tribunal de justicia es soberano en el marco de la ley, pero eso no le exime de escuchar a las partes y de ser sensible a su parecer, sobre todo si es unánime. Tanto el fiscal como los abogados de los afectados habían propuesto soluciones razonables al problema suscitado. Una de ellas era incluir a los nuevos damnificados en la petición final de indemnizaciones del ministerio público.

El tribunal ha estimado que esa fórmula no garantiza los derechos de estos afectados y ha optado por protegerlos dejando de nuevo en la indefensión al grueso de los que esperan durante años la celebración del juicio. Porque la decisión del tribunal significa, ni más ni menos, situar en el año 2000 el horizonte de la conclusión definitiva del proceso y la posibilidad legal de cobrar las indemnizaciones que les corresponden.

Porque ¿cuánto tiempo necesitará la justicia para llevar a cabo la nueva tarea que se ha echado encima de citar a miles de afectados, tomarles declaración y ofrecer a cada uno de ellos la personación en la causa? Con seguridad, años.

Por ellos y por todos los demás afectados que, con razón, hablan de la imposibilidad de hacer justicia tras tantos años, los jueces deberían haber buscado fórmulas que impidieran que las injusticias se acumulen. Tienen, por tanto, toda la razón las asociaciones de afectados y el ministerio fiscal cuando califican la decisión del tribunal de "auténtico dislate".